El concurso público de vivienda para alquiler social convocado por el Concello ya tiene un pie en los juzgados. El rechazo de algunos de los propietarios a la anulación de las ventas hacía prever una situación que ya ha llegado. La Junta de Gobierno Local aprobará hoy personarse en el primero de los recursos judiciales presentado, el del dueño de los pisos de las calles Joaquín Martín Martínez y Santander, Toni Lodeiro, al que el PP señaló en el concurso por ser firmante del manifiesto fundacional de Marea Atlántica.

En cuanto el Ayuntamiento traslade al juzgado su comparecencia en el recurso, el denunciante tendrá un plazo de veinte días para presentar la demanda en la que esgrimirá los mismos argumentos que utilizara ante la administración municipal y que fueron rechazados por el Gobierno local. Que la altura del piso no llegara a los 2,50 metros de altura fue una de las razones que esgrimió el Concello para anular la compra, por no poder tener uso residencial, pero el dueño afirma que "es materialmente una vivienda". Afirmaba que el piso tenía los suministros de agua, luz o gas por lo que consideraba que "no hay duda de que lo adquirido por el Concello fue, y es, una vivienda". Además, niega la acusación de que la propiedad estuviera incursa en un proceso de infracción urbanística, alegando que no había ninguna sanción ni orden de reposición de legalidad sobre ella, derivando la responsabilidad de una supuesta irregularidad a la propia administración local.

Ante la posible devolución de los 145.865 euros que ingresó del Ayuntamiento por los pisos, el hombre alegó que ya no poseía esta cantidad, ya que había comprado con ese dinero una vivienda donde ahora reside, Cataluña. En su recurso administrativo, el propietario reclamaba una indemnización, sin especificar cuantía, por los daños, entre los que contabilizaba los morales, la de pérdida de valor del inmueble o los propios gastos de la compra o coste de su defensa, que ejerce Xoan Antón Pérez Lema Abogados.

Lodeiro hizo público un escrito el pasado mes de marzo en el que mostró su malestar por el comportamiento del Gobierno local que, dijo, no se dirigió a él para explicarle la situación cuando se detectaron las irregularidades en el concurso. Considera que "por miedo a un daño electoral", el Ejecutivo municipal no defendió su derecho a partir en un concurso "sin ser penalizado por su compromiso político". Lodeiro acusó al PP de "orquestar una campaña" en su contra y a PSOE y a BNG de sumarse a ella por "motivos electoralistas". La Fiscalía archivó la denuncia interpuesta por el PP por la compra de estas dos viviendas.

Resto de pisos

Estos dos pisos no son los únicos cuya compra ha sido anulada por el Concello y cuyos propietarios se han manifestado contrarios a la decisión. Los propietarios de las viviendas de las calles Fe y Almirante Mourelle también se han opuesto al dictamen del Ayuntamiento tras los informes del Consello Consultivo.

Otro piso, el ubicado en la calle Barrera, está aún inmerso en el proceso administrativo para anular su compra porque la Inspección Técnica fue desfavorable por no tener dos ventanas hacia la calle. El único de los seis pisos comprados por el Concello para destinarlos a alquiler social que estaría libre de toda duda es el de la calle Agra da Bragua. En total, el Ayuntamiento invirtió 382.927 euros en la compra de las viviendas.