El juzgado de lo Contencioso-administrativo ha rechazado la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de que la Autoridad Portuaria informe de sus consejos, al entender que se trata de documentos confidenciales, según la Ley de Puertos. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.
El órgano estatal exigió al Puerto que se pudieran consultar las actas de su consejo de administración entre los años 2015 y 2018 que un particular solicitó. Documentos que recogen las decisiones que toman los miembros con respecto a la gestión de la entidad. La Autoridad Portuaria decidió llevar el caso al juzgado, alegando en su recurso que son deliberaciones "secretas" y que con su publicación se vulnera la ley de protección de datos.
Según recoge la sentencia, el derecho de acceso a la información puede "ser limitado cuando suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad" y expone que la información solicitada por el particular "contiene datos o intervenciones relativas a procesos de toma de decisiones" lo que, según la Ley de Puertos, está sujeto a "dicha confidencialidad". El juzgado revoca por tanto la orden de Transparencia de informar de estos consejos y le impone las costas procesales.
La petición
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento en julio de 2018 acceder a las actas y acuerdos de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria celebrados desde el año 2015. Ese mismo mes, el Puerto desestimó facilitar estos documentos. Utilizó entonces el mismo argumento, que son decisiones "secretas" y que además esto supondría la "paralización" de su actividad por el "elevadísimo volumen de documentación" requerido. El vecino recurrió la decisión y el Puerto insistió en la confidencialidad, por lo que el ciudadano acudió directamente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Le dio la razón pero ahora es el juzgado de lo Contencioso-administrativo el que se la quita.
