Los investigadores saben que, en muchas ocasiones, los acusados no llegan a ser declarados culpables y que, los que lo son, reciben una multa o una condena que no les lleva a entrar en la cárcel, pero eso ya va más allá de sus funciones.

En muchos casos pueden demostrar la tenencia de pornografía infantil y, si tienen el ordenador conectado en el momento del registro y están compartiendo o descargando archivos, también pueden probar el tráfico, que tiene una pena un poco más alta, aunque no siempre consiguen que se demuestren los cargos.

"Por lo menos, les quitamos el material", dice Piñeiro. Su objetivo es que no lo vuelvan a hacer, pero sabe que los investigados podrían reincidir porque hay toda "una industria" alrededor de la pornografía infantil, personas que cobran por distribuir películas y que, por eso, generan materiales nuevos y se están renovando continuamente.

En la unidad se enfrentan a otros muchos inconvenientes, como que se pueda identificar sin dudas que las víctimas de las grabaciones son menores, para que el caso pueda avanzar en sede judicial. Aunque también se llevan sorpresas como que la mayoría de los investigados colabora.

"Cuando llegamos allí para hacer el registro nos dicen lo que tienen y dónde. Algunos nos dicen que tienen un problema, pero el mal ya lo hicieron", relata Piñeiro. Y es que, en el momento en el que los agentes se presentan en la puerta de un sospechoso, tienen ya una lista de los archivos que, cuando menos, se han descargado, aunque no los hayan visto o los hayan borrado.

"Hay gente a la que le gusta, no se sabe por qué, por eso es imposible acabar con ello", explica Piñeiro, que es el único que queda de los que iniciaron la unidad en Lonzas. "Aquí no quiere estar nadie. No aguantan. Es un trabajo muy desagradable. A mí tampoco me gusta ver estas cosas, pero alguien lo tiene que hacer porque son violaciones a menores", relata Piñeiro.

Y es que, dentro de los casos en los que mujeres y menores son las víctimas, hay varios niveles. Los casos más leves los llevan en los cuartelillos, después hay cinco equipos de Emume repartidos por la provincia de A Coruña para los casos un poco más serios y, el siguiente escalón, que son los delitos graves o gravísimos, ya los llevan desde esta unidad que está en Lonzas, para los casos todavía más complicados, los agentes recurren a la Emume central.

Por ejemplo, en la denuncia de abusos sexuales a menores, si la niña es muy pequeña, se desplazan desde la unidad central psicólogos infantiles para profundizar en el testimonio de la víctima, ya que en Lonzas tienen experiencia, pero no medios suficientes como para poder llevar estos casos.

"En la demarcación de la Guardia Civil, que sería todo menos A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira, la inmensa mayoría de las violaciones y de los abusos proceden del ámbito familiar. Prácticamente te dicen quién es pero hay que buscar pruebas para demostrarlo. Hay muchos más casos de los que la gente piensa", confiesa Piñeiro, que lleva veinte años en esta unidad de mujer y menores.

"Una niña de catorce o quince años ya sabe lo que hay, pero si un familiar empieza a abusar de ella a los tres años, ella piensa que eso es normal hasta que, por el motivo que sea, se da cuenta de que solo se lo hacen a ella y, entonces, se lo dicen a profesores, a las abuelas, a un amigo... Es muy raro que se lo digan a la madre o al padre, se lo dicen a alguien de fuera que, después, se lo dice a los padres y nosotros tiramos de ahí. Son horas y horas. No es pornografía infantil, pero es un problema muy grande. En la provincia se abusa mucho de familiares, si digo el 90% me quedo corto, siempre suelen ser familiares, vecinos o amigos que están en el círculo más cercano", desvela Piñeiro.