El Ayuntamiento y el Estado tienen en los tribunales una causa cuya resolución, en manos del Tribunal Supremo, determinará cuál de las dos administraciones es la titular de la antigua cárcel provincial, hoy en desuso, brevemente recuperada en el mandato anterior con permiso estatal para usos sociales y culturales y sin planes concretos del actual Gobierno local. El caso está en estos momentos pendiente de la votación y la sentencia del Alto Tribunal, aunque su camino de tramitación se ha alargado más de lo esperado: casi tres años, desde que el Concello recurrió a finales de 2016 un fallo de la Audiencia Nacional que echaba por tierra los intentos iniciados por el Ejecutivo municipal del PP para recuperar la cárcel.

Fuentes del Tribunal Supremo señalan a este periódico que el fallo "no se demorará mucho". ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo desde que el Ayuntamiento recurrió la sentencia de la Audiencia para que parezca vislumbrarse la resolución del caso, después de que el penal reabriese solo unos meses y volviese a cerrar? Las mismas fuentes explican que no es que el proceso se haya estancado, sino que ha tomado "unos tiempos que suelen seguir este tipo de tramitaciones".

Otras fuentes, desde el Concello, precisan que hasta noviembre de 2018 la administración local no recibió la notificación de las diligencias de ordenación por las que el Supremo iniciaba en esa fecha la valoración del recurso interpuesto dos años antes. Desde finales de 2016, añaden, la Audiencia Nacional trasladó al Supremo diversa documentación para completar el expediente, un paso en el que se produjeron "equivocaciones en la remisión". La Audiencia no detalla si hubo incidencias que retrasasen la tramitación del recurso.

La causa parte de la anulación de oficio, por parte del Concello cuando gobernaba el PP, del convenio de permuta de la antigua prisión por unos terrenos municipales firmado en 2005 por el alcalde socialista Francisco Vázquez y el Ministerio del Interior. Esa anulación, decretada por el regidor Carlos Negreira y avalada por el Consello Consutivo, desestimaba las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), titular de las instalaciones del paseo marítimo, frente a la Torre de Hércules. De aquel modo, el Concello pretendía obtener la reversión de la cárcel de forma gratuita, sin tener que ceñirse a aquel acuerdo previo del mandato socialista que establecía que si quería recuperar el recinto debía pagar 1,2 millones de euros, cifra fijada como diferencia de valor entre la parcela que ocupa la vieja prisión y la que en la actualidad acoge el Centro de Inserción Social, ubicada al lado.

Pero la SIEP recurrió y la Audiencia Nacional estimó sus alegaciones y dictó en febrero de 2016, ya con el Gobierno de Marea Atlántica, un fallo que invalidaba la nulidad decretada por Negreira. El Ejecutivo de Xulio Ferreiro anunció que apelaría ante el Supremo, como finalmente hizo a finales de aquel año sin imaginarse que el recurso permanecería tanto tiempo en tramitación. Al mismo tiempo, negoció con Interior la cesión por dos años de la cárcel para reconvertirla en una instalación de uso no penitenciario. Tras más de un año de trabajos de acondicionamiento, el Concello solo pudo abrir una parte como centro de actividades sociales y culturales, debido sobre todo al mal estado del recinto.

La gestión de la prisión reabierta durante cuatro meses corrió a cargo del colectivo Proxecto Cárcere, no exenta de polémica por una concesión denunciada por el grupo municipal del PP y por conflictos entre las administraciones. Marea renunció en enero a prorrogar la cesión de una cárcel de la que el Estado aún es titular.