El centro de baja exigencia para que personas sin hogar puedan pasar la noche funcionó por última vez el miércoles, ya que ayer no abrió sus puertas para que un máximo de quince usuarios pudiesen pernoctar en las instalaciones de Monte Alto. La Concejalía de Benestar Social ha tenido que tomar esta decisión después de que la Xunta le advirtiese de que los espacios utilizados incumplían la normativa y que no podría obtener licencia de funcionamiento en ese emplazamiento. El Concello fue sancionado con 3.000 euros„finalmente pagó 2.400„ después de que la Xunta realizase una inspección de oficio en agosto de 2017 y comprobase que había aspectos técnicos que no cumplía.

La concejal de Benestar Social, Yoya Neira, explicó ayer a este diario que, para evitar que los usuarios que acudían cada día al centro Abeiro se encuentren desprotegidos, han pactado con las entidades ACCEM y Padre Rubinos que pongan a disposición de estas personas plazas en sus recintos. Por su parte, el Concello reforzará el servicio en calle y el dispositivo que se despliega „a través de convenios con Cruz Roja y ACCEM„ cuando arrecia el frío, para que accedan a abandonar los portales y pasen la noche a cubierto; a la vez, según adelantó Neira, la Concejalía busca una solución a largo plazo, como la apertura de un nuevo centro de baja exigencia que cumpla con la normativa y funcione con todas las garantías.

Neira relató también que, a pesar de que el anterior Gobierno local (de Marea Atlántica) y el actual intentaron adecuar el espacio a los requerimientos exigidos por la ley, por ejemplo, habilitar duchas o baños adaptados, hay una que no fue posible solventar, la de la altura de los techos, que es inferior a la requerida. En diciembre de 2017, cuando el Concello había pagado ya la sanción impuesta por la Xunta, el Gobierno local inició un procedimiento para conseguir la pertinente licencia de actividad y pidió al Ejecutivo gallego que le permitiese mantener las instalaciones en funcionamiento mientras elaboraba el proyecto de reforma que conjugase todas las exigencias requeridas. En mayo de 2019, tras la entrega de ese borrador, la Xunta notificó al Concello que no valía, por lo que no conseguiría la licencia en ese emplazamiento y, en junio de 2019, se confirmó la denegación del permiso.

Tras el cambio de Gobierno en María Pita, también el PSOE intentó adaptar a la legalidad el centro Abeiro, pero el Servicio de Edificación certificó que no era posible ya que, para poder contar con un despacho y unos baños accesibles „con techos de, como mínimo 2,5 metros de altura„ y una zona de ambigú tendrían que unificar la entreplanta y la planta baja y, de ese modo, perderían los metros cuadrados necesarios para albergar a quince personas, el mínimo exigido. El centro Abeiro abrió en 2017 para dar una alternativa a las personas sin hogar que dormían en la calle y que no cumplían los requisitos para estar en otras instituciones. El Gobierno local defendió que se veía obligado a tomar esta decisión "con el fin de cumplir la ley y de salvaguardar la integridad física del cuadro de personal" y también de los usuarios.

Marea Atlántica instó ayer al Gobierno local a invertir los fondos europeos, que ascienden a quince millones, concedidos para la puesta en marcha de un equipamiento similar, y a que, mientras no los ejecuta, busque una solución urgente y estable para los usuarios, como negociar con la Xunta una moratoria para seguir funcionando en Abeiro.

La concejal del BNG Avia Veira reivindicó ayer que se refuercen las políticas sociales "para garantizar una vida digna a todas las personas".