La coruñesa Natividad Penas Gómez dirige la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de A Coruña. Esta unidad de la Policía Nacional coordina y desarrolla las acciones contra los delitos relacionados con la trata de seres humanos. En el último año la Ucrif finalizó con éxito en la ciudad siete investigaciones de redes de trata, detuvo a 35 personas e identificó a siete víctimas de trata que fueron liberadas y a otras 20 de explotación sexual. Penas recibió el mes pasado una mención honorífica de los Premios Meninas 2019, con los que la Delegación del Gobierno reconoce la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y la violencia de género.

Una de las principales preocupaciones que los vecinos han trasladado este año a la Policía Nacional es la trata y explotación de personas. ¿Es una actividad visible en la ciudad?

Normalmente las víctimas de trata no están a la vista del ciudadano. Suelen estar bastante aisladas de la gente en general, en pisos dedicados a la prostitución o en clubes. Ese aislamiento le interesa a la organización, a la red. Por eso es difícil que el ciudadano entre en contacto con una víctima de trata de seres humanos.

Pero los vecinos saben que existe esa actividad.

Prostitución en la calle apenas hay en A Coruña, no es un problema agravante. Los clubes todos sabemos que están ahí, apartados, con sus luces de neón y sin molestar en general. Pero pisos de prostitución sí que hay y a alguien le toca sufrirlos en su inmueble. Eso es lo que visualiza la trata.

¿Cada vez hay más pisos?

Desde hace muchos años la prostitución ha derivado de los clubes a los pisos de alterne. No es algo súbito ni en lo que haya habido un repunte.

¿Explotadores y explotadas son de la misma nacionalidad?

Depende. El proceso de trata es muy largo. Se inicia en el país de origen de la víctima, donde los captadores suelen ser de la misma nacionalidad y están asentados en ese país. Luego hay una fase de traslado en la que la víctima pasa de manos en manos, pero el traslado es distinto: por ejemplo, desde Sudamérica se las mueve directamente en avión; desde el sur del Sahara, Nigeria muchas veces, llegan por carretera en un proceso más largo en el que por el camino ya se explota a la víctima sexualmente y hay violencia, y participa gente de distinta nacionalidad. En la recepción nos encontramos de todo, aunque por lo general las redes de Nigeria y Rumanía trabajan con víctimas de su país. Ya en la explotación lo normal es que el explotador, el que recibe el dinero o cobra la deuda, sea de la misma nacionalidad, aunque utilizan pisos y clubes de alterne regentados por personas asentadas en la ciudad donde las víctimas van a ser explotadas.

¿En A Coruña esas personas son de España o de otro país?

En los clubes la mayoría son españoles. En los pisos hay de todo, extranjeros nacionalizados y no nacionalizados.

¿Qué perfil tiene el explotador, en general?

Digamos que el que se dedica a la explotación sexual lo hace desde hace muchos años. Los hay que ya han sido detenidos más veces por tráfico de personas y los hay que son detenidos por ello por primera vez. En todo el proceso hay una cantidad tan enorme de personas implicadas que es muy difícil identificar al mismo captador de víctimas en dos investigaciones distintas.

¿Las redes están muy bien organizadas y son difíciles de desarticular?

Es una delincuencia transnacional que se mueve por muchísimos países. Las redes son dispersas, no todas superjerarquizadas. A lo mejor identificamos a un captador en Nigeria que mueve mujeres para España, Italia, Bélgica... Aquí en nuestro territorio es más fácil controlar al explotador asentado o a la madame que cobra las deudas. Una madame de Nigeria, por ejemplo, cobra la deuda de una víctima en exclusividad, sin explotar a otras, y puede estar viviendo un año o más de lo que la víctima genera.

¿La ley es severa con la explotación sexual?

En el delito de explotación sexual es complicado conseguir una condena. El delito en sí es bastante ambiguo, incluso con la última reforma legal pese a haber mejorado. Cuando hace años empezamos nuestra actividad investigamos un edificio entero en la ciudad dedicado a la prostitución, pero el fiscal optó por imputar un delito contra los derechos de los trabajadores, asemejando la prostitución a una profesión, y no por un delito de explotación sexual, porque era más fácil conseguir condena, y se consiguió.

¿No hay penas de prisión?

La trata de seres humanos es un delito grave con condenas graves que deparan prisión. En la explotación sexual se han conseguido condenas, pero depende. Hay prisión provisional en un caso bien fundamentado, aunque las causas se alargan mucho en el tiempo porque hay mucha gente implicada, distintos países, extranjeros, problemas de intérpretes, problemas de localización... Tras unos meses en la cárcel quedan en libertad y continúan dedicándose a la misma actividad.

La Ucrif también investiga la explotación de mendigos. ¿Es más visible que la explotación sexual en la ciudad?

No todos los mendigos son víctimas de trata, aunque sí las hay. Se ve, sí, principalmente por parte de ciudadanos rumanos. Es algo más difícil de detectar para el ciudadano. Es algo que vigilamos e investigamos y hemos desarticulado alguna red.

¿Qué otro tipo de explotación investiga la unidad que usted dirige?

La explotación laboral. Hemos desarticulado redes en A Coruña y en general la hay en Galicia, aunque no tanto como la explotación sexual. Es más habitual en Andalucía y en Valencia, zonas con grandes invernaderos en las que se necesita mucha mano de obra temporal.

¿En qué ámbitos se da aquí?

En la construcción. También hay explotación laboral en el sector agrario y en el servicio doméstico, pero aquí es más complicado de detectar y de probar.