28 de enero de 2020
28.01.2020
Urbanismo en A Zapateira

El Concello enviará 106 notificaciones de inspección a galpones del campus y Feáns

El colectivo Anomias busca a residentes en estas infraviviendas para conocer su situación actual || "Ni demolición ni precinto sin estudiar caso por caso", defiende

27.01.2020 | 22:26
Una de las parcelas en las que hay galpones habitados en A Zapateira.

El Concello tiene una lista de 106 propiedades a las que enviará una notificación de inspección en A Zapateira y Feáns. Su objetivo es comprobar la actividad que se está desarrollando en los galpones naranjas que se erigen dentro de algunas de las parcelas de estos barrios. Según un estudio de la Universidade da Coruña de 2008 „que ha sido actualizado por la arquitecta Cristina Botana, del colectivo Anomias„ más de un centenar de personas tiene estos alpendres como vivienda habitual, a un precio de entre 200 y 320 euros, dependiendo de las dimensiones de los módulos.

En una reunión con el colectivo Anomias, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguró la semana pasada que su intención es eliminar el uso como vivienda de estos galpones, precintándolos y cortándoles suministros básicos, y atajar de este modo esta situación de vivienda irregular.

"Desde luego, si la respuesta institucional va a ser el precinto o el derribo, nos encontrarán enfrente", dice la arquitecta Cristina Botana. El colectivo Anomias busca ahora conocer qué es lo que pasa detrás de los muro de los chalés que hay en las inmediaciones del campus. Una vez identificado el problema, quiere conocer la realidad de los habitantes de estos almacenes reconvertidos en hogares, así que, sus miembros han empezado a repartir información de contacto allí donde, tras los grandes portales, se atisban tejadillos, puertas y ventanas blancas. Su objetivo: organizarse y "defender los derechos de todos los inquilinos".

"Que un sitio monofuncional, como es A Zapateira, se convierta en algo más, es bueno, pero aquí hay que empezar con el cambio desde muy abajo", explica el urbanista Iago Carro, miembro del colectivo Ergosfera. "El plan general solo permite el uso residencial de vivienda unifamiliar. Aquí está todo mal, salvo que siempre es bueno que se adquiera actividad funcional, aunque la ciudad tiene que hacerse cargo de ello. Aquí se construyeron las casas, pero no se urbanizó, no hay aceras ni espacios públicos para disfrute de los residentes y algunas viviendas no tienen ni alcantarillado", relata Carro, que pone el foco en el "eslabón más débil" de la cadena, que son los que habitan estos galpones, muchas veces, sin contrato y sin transferencias bancarias que justifiquen que han pagado.

Los miembros del colectivo Anomias saben cómo les gustaría que se encarase este problema de vivienda. Y es que, los galpones como solución habitacional empezaron en los años 70, cuando se abrió la Escuela de Arquitectura en un lugar en el que no había absolutamente nada para dar cobijo a los estudiantes durante el curso, se incrementó con el paso de los años, con el crecimiento de las facultades, de los alumnos y también con la ausencia de una residencia pública. "Hay que estudiar caso por caso. No se puede precintar ni demoler sin saber antes cómo están viviendo los inquilinos. Hay que saber si llevan muchos años, si es rotativo... ", explica Roi Zas, estudiante y miembro también del colectivo. En Anomias defienden que entre que todo siga como está y la demolición de estas construcciones y cómo se están explotando hay "soluciones intermedias".

Ponen encima de la mesa, por ejemplo, que se pueda hacer una cesión de estos inmuebles a la Universidad si, realmente, responden a una necesidad de los estudiantes de vivir cerca del campus, pero, eso sí, cumpliendo la legalidad vigente, tanto urbanística, en cuanto a los metros cuadrados que cada una de las viviendas debe tener como mínimo para ser habitable, el acceso a servicios como la luz y el agua y también fiscal, para que los inquilinos tengan seguridad en cuanto a la legalidad de su contrato. Su intención, además, es cambiar esta situación, que no vuelva a pasar lo de 2009, cuando se formalizaron órdenes de derribo que nunca se ejecutaron y que derivaron en que, doce años después, siga habiendo inquilinos habitando módulos de tres metros de ancho por cuatro de largo, con defectos de construcción que inundan el habitáculo de humedades.

"Esto es el resultado de todo lo que se hizo mal urbanísticamente en años anteriores. El Concello no considera que sea un asentamiento precario y, por eso, los residentes no tienen derecho a realojo", comenta Carro, aunque lo que los investigadores del colectivo han podido ver en estos galpones no es mucho mejor que lo que han visto ya en otros poblados. "Es una situación injusta", concluye Carro, ya que, si el Concello precinta los galpones sin ofrecer ninguna solución a los residentes, hasta un centenar de personas en una situación precaria podrían verse sin un techo bajo el que estar. El estudio de Botana sobre estas infraviviendas revela que el perfil de los inquilinos, actualmente, es más de trabajadores precarios que de estudiantes.

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