Dos meses después de la última sesión plenaria celebrada por el Concello, la realizada ayer se desarrolló en unas circunstancias extraordinarias, tanto por las formas como por el tono con el que se expresaron las fuerzas políticas. La vigencia de las medidas preventivas dictadas para evitar contagios del coronavirus hizo que la mayoría de los concejales acudiesen con mascarillas y que tres de ellos -Diana Sobral, Nazaret Cendán y Roberto García- siguiesen la sesión desde sus domicilios. Los medios de comunicación solo pudieron acceder al palco del público, mientras que la ciudadanía tuvo el acceso prohibido.
Otra de las novedades fue que la sesión se interrumpió dos veces para que se efectuase una desinfección del salón de plenos, actividad que también se realizó durante el receso motivado por la comida, debido a la larga duración de los plenos durante el actual mandato.
La alcaldesa, Inés Rey, inició el pleno con una declaración institucional sobre la situación que vive la ciudad a causa de la pandemia y a continuación calificó de "ejemplar" el comportamiento de los coruñeses durante el confinamiento, aunque advirtió que en la etapa actual es necesaria "aún más responsabilidad". También alabó la labor realizada por los funcionarios municipales en sus puestos de trabajo y en sus domicilios y, frente a la crispación que padece la política nacional y autonómica, aseguró que la actuación del Gobierno local "habría sido muy distinta sin otros compañeros de Corporación".
Rey elogió que los grupos municipales hayan "dejado de lado sus discrepancias ideológicas" para respaldar iniciativas en favor de la lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas, por lo que dijo: "Tenemos una oposición leal y con sentido institucional", a lo que añadió que en las últimas ocho semanas se vio que en A Coruña hay "una clase política envidiable". El arranque con el que la alcaldesa dio inicio al pleno favoreció que los grupos políticos se expresaran ayer con un tono contenido, que solo se encrespó ligeramente en los debates en los que hubo alusiones a la política autonómica ante la inminente convocatoria de las elecciones gallegas.
Pero el Covid-19 no solo afectó en este sentido, sino que salió a colación en varios de los asuntos debatidos ayer. Una moción del PP en demanda de ayudas a asociaciones, autónomos y empresas dio pie al concejal de Facenda, José Manuel Lage, para anunciar que el Gobierno local modificará el presupuesto de este año para incorporar el Plan Reactivación Económica e Social mediante la vía que le permite el artículo 175 de la Ley de Haciendas Locales, lo que le permitirá utilizarlos fondos consignados al día siguiente de su aprobación inicial, sin tener que esperar un mes para la presentación de alegaciones y la posterior aprobación definitiva, trámites que lo demorarían durante un mes. Lage calculó que el Concello podrá utilizar 4,4 millones de euros del remanente de tesorería del año pasado, a los que podrían sumarse de siete a ocho millones procedentes de partidas del presupuesto de este año que cambien de destino.
Plan reactivación
Durante la sesión, un plan de reactivación económica de Galicia propuesto por el BNG a través de una moción para superar la crisis del coronavirus recibió el apoyo de PSOE y Marea, mientras que PP y Ciudadanos optaban por abstenerse. Los populares defendieron por su parte la autonomía municipal frente al intento de "confiscación" por el Gobierno central del ahorro generado por los ayuntamientos para ser usado en la lucha contra la pandemia, moción para la que contaron con el respaldo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo. El texto inicial contó con enmiendas de Marea, PSOE y BNG que fueron aceptadas por el PP y que reclaman que los ayuntamientos puedan aumentar su personal para hacer frente a la situación actual.
Un plan propuesto por el BNG para que la Xunta reparta mascarillas a toda la población mediante un sistema que ofrezca garantías suscitó el apoyo de toda la Corporación salvo los integrantes del Partido Popular, quienes defendieron que debe ser el Gobierno central el que realice esa labor y que recordaron que el 88% de las mascarillas distribuidas en Galicia fueron aportadas por la administración autonómica.
Marea Atlántica consideró que la actual crisis sanitaria hace imprescindible un cambio del modelo de las residencias de mayores, por lo que defendió un aumento de las plazas públicas. Su moción en este sentido fue respaldada por el resto de grupos, menos el del PP, que decidió abstenerse y que rechazó que se hayan privatizado estas instalaciones.
