El nuevo presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, se pronunció ayer en contra de la condonación de la deuda que tiene la Autoridad Portuaria coruñesa con la institución y cuyo perdón ha reclamado reiteradamente la Corporación municipal, el Ayuntamiento y la Xunta. De acuerdo con Toledo, "todos los puertos" tienen deuda, y "muchos muy elevada" , pero las condonaciones deberían hacerse "a todos o a ninguno", y, como a todos "no puede ser, la exclusión [sic] queda clara". Sin embargo, el Estado asumió en el borrador de los Presupuestos Generales de 2019, y de nuevo en el de este año, 350 millones de la deuda generada por la remodelación del puerto de Valencia, consecuencia del acuerdo de investidura entre PSOE y Compromís, si bien probablemente las cuentas no se aprueben este año.

La Autoridad Portuaria tenía, a finales de 2018, una deuda a largo plazo de algo más de 300 millones de euros, adquirida para financiar la construcción del Puerto Exterior. De ella, cerca de 200 millones son con la administración central, fruto de un crédito de Puertos del Estado para "garantizar la plena operatividad" de las instalaciones de Punta Langosteira.

Por el momento, solo ha pagado intereses, que ya de por sí suponen una suma considerable (en 2018 se devengaron unos 3,5 millones) pero en diciembre de 2022, y hasta 2051, tendrá que empezar a amortizar el principal.

Las cifras anuales a abonar llegarán hasta los siete millones de euros, y Toledo reconoció ayer en un desayuno informativo con Diario del Puerto que A Coruña "puede tener un problema importante en el futuro de sostenibilidad". Según prometió el presidente de Puertos del Estado, la institución que preside, buscará "ayudar en la medida de lo posible para que esto no se produzca", pero descartando el perdón de la deuda. Así, señaló que el Puerto es uno de los dos en España que están "coloquialmente, intervenidos", esto es, con una comisión de supervisión para su saneamiento.

Toledo, que entre 2015 y febrero de este año fue el responsable de la Autoridad Portuaria de Castellón antes de sustituir, a propuesta del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a Salvador de la Encina a cargo de Puertos del Estado, también defendió que cada puerto ha de ser "responsable de lo que hace" y, cuando se realiza una inversión, tiene que "afrontar los efectos".

En el caso de la Autoridad Portuaria coruñesa, y según un convenio firmado con el Ayuntamiento en 2004, parte de la inversión del Puerto Exterior se compensaría con 200 millones procedentes de la a venta de los muelles interiores desafectados. Por el momento no ha vendido los terrenos, de los que los grupos municipales y entidades sociales de la ciudad reclaman que mantengan su carácter público. Entre estas se encuentra la Comisión Aberta en Defensa do Común, que ha reclamado que la condonación se incluya en las cuentas generales de este año.

Este objetivo lo compartía, a fecha de 15 de enero de este año, la alcaldesa Inés Rey, que prometió ese día que iba a "exigir", en una reunión que solicitaría con el Estado la semana siguiente, que el Gobierno central asumiese inversiones que reivindicaba la ciudad, entre ellas, la asunción en los Presupuestos Generales del Estado de este año la condonación, total o parcial de la deuda del puerto. Las gestiones del Ayuntamiento no dieron, hasta el momento, fruto. En 2019 Ábalos justificó que el puerto coruñés no recibiera igual trato que Valencia por las diferentes naturalezas de los deudores: en el puerto levantino es un consorcio con participación estatal, autonómica y local, y no una Autoridad Portuaria.