El Concello tramita por separado la catalogación del edificio Citroën para intentar protegerlo y evitar así su derribo. Lo explicó ayer el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, en una respuesta al BNG, que preguntó al Gobierno local sobre el catálogo de Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que sigue sin estar completado.
Villoslada explicó que Patrimonio ha puesto "pegas" a varias propuestas de este catalogo, que ha recibido 69 alegaciones. Entre ellas, la de la Autoridad Portuaria por la lonja del Gran Sol y la de Costas, por el petroglifo de la Torre de Hércules.
El proceso se ha ido retrasando, por lo que el Concello explorará otras vías para proteger cuanto antes el edificio Citroën, sobre todo después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha desestimado el recurso que en febrero de 2018 presentó el Ayuntamiento contra una sentencia de un juzgado de los Contencioso-administrativo de A Coruña que autorizaba el derribo del inmueble situado en la avenida de Oza, para el que sus propietarios habían solicitado licencia de demolición en 2016.
El Superior ha constatado que el Concello, en el anterior mandato, actuó de forma contradictoria al iniciar un proceso para modificar el planeamiento municipal con el fin de incluir el edificio en el catálogo de inmuebles protegidos cuatro meses después de que ya hubiera concedido el permiso para su derribo por silencio administrativo. Por tanto, los propietarios disponen ahora de licencia para demoler este inmueble.
El objetivo del Ayuntamiento es evitar que esto ocurra, por lo que tratará de cerrar su catalogación sin necesidad de aprobar la de PGOM. Una situación que podría haberse evitado, ya que el edificio Citroën figuraba en la versión inicial del catalogo de elementos protegidos del plan general hasta que en 2012 el Gobierno del PP lo retiró tras recibir una alegación de los dueños. Un mes después de aquello, y en contra de la opinión del equipo redactor liderado por Joan Busquets, el Gobierno local concedió la primera licencia de demolición. Caducó en 2016, con Marea Atlántica en María Pita, pues los propietarios tenían un plazo para completar el derribo, al igual que ahora. Apenas una semana después de que la autorización expirase, se volvió a solicitar y se le concedió de nuevo. No obstante, el área de Rexeneración Urbana inició en ese momento gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento del Gobierno de Marea Atlántica de anular su propia decisión no ha servido para proteger el antiguo concesionario de Citroën.
El Superior ha tumbado el argumento del Ayuntamiento de que la suspensión de licencias (incluidas las de derribo) que aprobó el Gobierno municipal para incluir el inmueble en el catálogo de protección invalidaba la autorización previa concedida por silencio a los propietarios para poder demolerlo. "Está clara la voluntad de la administración de incorporar el edificio al catálogo del PGOM, al menos, desde el mismo día en que el interesado presentó la licencia de demolición", señala la sentencia.
El Gobierno actual no ha recurrido en casación la sentencia, aunque existiese esta posibilidad, pero el concejal de Urbanismo se comprometió a buscar alternativas jurídicas para evitar que este edificio desaparezca. En su intervención ayer en el pleno, Villoslada aclaró que la solución que maneja es la de tramitar una catalogación única para este inmueble, sin necesidad de modificar el catalogo general, pues el proceso es más largo.
