La Cámara de Comercio de A Coruña envió la semana pasada al Gobierno de Pedro Sánchez un documento con 32 medidas que tienen como objeto la recuperación económica en la ciudad y su área metropolitana frente al impacto de la crisis del coronavirus en las empresas e instituciones locales. Una de ellas incluye el puerto exterior entre las infraestructuras de la comarca coruñesa para las que el ente cameral reclama "acelerar" los tiempos. Para la Cámara es urgente liberar suelo en los muelles urbanos para su posible venta e impulsar con más decisión la conexión por ferrocarril. Sin alternativa firme de las administraciones para que se minimice o condone la deuda y no sean los terrenos urbanos la única forma de financiar la construcción de Langosteira, se inicia la cuentra atrás para el aumento del pago de los préstamos: a partir de 2021 el Puerto tendrá que afrontar gastos más altos con los que amortizar el crédito de 200 millones de euros por 40 años que le concedió Puertos del Estado para financiar las obras de Langosteira.

La Autoridad Portuaria ha pagado hasta ahora solo los intereses del crédito de Puertos, según el acuerdo que firmaron las partes en 2016 para modificar, "aplicando criterios de prudencia", las cuantías de las anualidades de amortización. Pero al cierre del próximo ejercicio, según ese mismo acuerdo, tendrá que abonar dos millones de euros frente a los 3,3 pactados en un principio. Entre 2022 y 2027 pagará cuatro millones cada año en vez de los 6,6 inicialmente acordados. Los pagos anuales serán después más elevados con respecto al primer acuerdo: nueve millones cada año de 2028 a 2037 y siete millones entre 2038 y 2046, cuando venza el préstamo.

El Puerto, por tanto, deberá generar suficientes ingresos a partir del próximo año, a través de sus operaciones habituales y con la obtención de recursos por la liberación de sus terrenos urbanos, como para afrontar con cierta comodidad las obligaciones que establece el acuerdo con Puertos del Estado para amortizar el crédito.

Los resultados económicos del Puerto en el último ejercicio, 2019, depararon una reducción de beneficios de casi un millón de euros respecto al año anterior y una caída en la cifra de negocio de casi tres millones, según las cuentas aprobadas en junio pasado por su consejo de administración. Las previsiones para el ejercicio 2020, condicionado en fuerte medida por la crisis sanitaria del coronavirus y el parón de numerosas actividades, no son buenas, y el impacto económico que estima el Puerto en su cifra de negocio está entre el 10% y el 15%. La Cámara de Comercio, probablemente con estas predicciones en la mano, augura un sombrío panorama que la ha llevado a dirigirse al Gobierno estatal para urgir ayudas al Puerto con la liberación de los muelles de la ciudad y el empujón definitivo al tren a punta Langosteira.

El préstamo de 200 millones de euros -minorado respecto a un importe inicial de 250 millones- debería, según señalan las últimas cuentas anuales de la Autoridad Portuaria, "garantizar la plena operatividad" del puerto exterior, difícilmente posible sin la conexión ferroviaria tan demandada en los últimos años, cuya financiación aún está sin precisar. Su construcción costará unos 140 millones de euros y se conoce su trazado desde 2014, pero ese dinero no lo aportará en exclusiva el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), según aseguró en junio pasado su presidenta, Isabel Pardo de Vera, en una visita a Galicia. La responsable del órgano ferroviario se mostró dispuesta a colaborar con la Autoridad Portuaria tras recordar que los puertos deben costear sus conexiones y calificar como "malísima" la situación financiera de la entidad coruñesa. La llamada de urgencia de la Cámara por Langosteira vuelve a tener sentido, después de que el Concello hace cuatro meses hiciese un llamamiento de colaboración a la Xunta, el Estado y el Puerto para buscar una solución que haga viable el enlace ferroviario.

La Autoridad Portuaria carga además con otro préstamo para pagar las obras del puerto exterior, el que pidió en 2013 al Banco Europeo de Inversiones (BEI), un órgano financiero público que depende de la Unión Europea, por valor de 126,4 millones de euros, del que debe alrededor de 100. El Puerto también negoció con el BEI una reducción de las cuantías anuales de amortización hasta el año 2025 y una modificación en el calendario de pagos. Hasta 2025, el pago es de 3,5 millones de euros, por lo que los gastos financieros superarán a partir del próximo año los 5,5.

Con la previsión de contar con mayores ingresos, el Puerto pagará 9,71 millones cada año hasta 2032 y los últimos 15 millones los tres años siguientes hasta el vencimiento del préstamo. Pero las perspectivas recaudatorias del ente portuario se torcieron tras renunciar a vender La Solana y el hotel Finisterre y todavía no ha logrado liberar los muelles urbanos de Batería, Calvo Sotelo y San Diego.