Mientras A Coruña espera por una solución para la deuda contraída por la construcción de Langosteira que frene la venta de terrenos en la fachada marítima, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE), presentado por el Gobierno y que será sometido a votación en el Congreso, confirma la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de condonar el adeudo de 350 millones que tiene el Consorcio Marina Valencia 2007, formado por Generalitat, Ayuntamiento, Estado y Autoridad Portuaria, que gestiona los terrenos cedidos a la ciudad desde 2013 en los que se celebraron, entre otras pruebas, la Copa América de Vela y carreras de Fórmula Uno. Pero va más allá, ya que incluye la asunción de los pagos de todos los intereses y gastos devengados y transfiere una partida extra de 23 millones para hacer frente a lo exigido, vía tribunales, por la Autoridad Portuaria a Marina Valencia 2007 por obras en la zona, derivadas de la celebración de la Copa América de Vela.
El Gobierno articula la condonación de la deuda con el Instituto de Crédito Oficial, avalista tras el impago del Consorcio, en una disposición adicional de los PGE, bajo el título Asunción parcial de la deuda del Consorcio Valencia 2007 por la Administración General del Estado y, además, abandona la entidad que regenta los terrenos, que queda en manos del resto de integrantes: entidades autonómicas o locales. El Ejecutivo cumple así con la promesa dada a Compromís, formación que necesita para aprobar su previsión de gastos e inversiones para 2021, y coloca a Valencia en una posición privilegiada justo ahora que tiene, entre sus prioridades, la transformación de su fachada marítima.
A Coruña tiene el mismo objetivo y vive una situación similar, por lo que ha exigido igualdad de trato por parte del Gobierno. Pero el Ejecutivo no ha aceptado tal solución. A diferencia de Valencia, la deuda de A Coruña, de unos 200 millones, la mitad de la condonada en Levante, no pesa sobre un consorcio, sino sobre el propio Puerto, que pretende, tal y como pactaron en 2004 entre el Estado y Francisco Vázquez, sufragar los pagos con una operación urbanística ideada en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, con la venta de terrenos liberados para la construcción de unas 4.000 viviendas en los muelles de San Diego. Los plazos se han dilatado, las previsiones de recaudación son papel mojado y la sensibilidad ciudadana ante la oportunidad que ofrece el diseño de una nueva fachada marítima han virado la perspectiva, han generado presión cívica y política y han maniatado al Puerto con una deuda que le estrangula y que en 2021 le obligará a afrontar mayores amortizaciones.
El Gobierno central no ha atendido la petición de condonación de la deuda de A Coruña, que exigieron en sendas mociones el Parlamento gallego, la Diputación y el Concello y que, además, se cayó del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el diputado del BNG, Néstor Rego. Es una demanda que comparte ahora el presidente de la Autoridad Portuaria coruñesa, Enrique Losada, que nunca reclamó tal cuestión a los anteriores Gobiernos populares.
La condonación, sumada a la construcción de la conexión ferroviaria, liberaría al Puerto de la carga que soporta y daría a la ciudad una mayor cintura para afrontar la reforma de su fachada marítima, algo que ya se dispone a hacer Valencia, como avanzan sus autoridades. "Ahora, con esta medida podremos activar este espacio estratégico para la economía de la ciudad. Por fin, vamos a poder impulsar y renovar el proyecto de la fachada marítima para generar un polo de innovación y desarrollo tecnológico", celebró en los últimos días Sandra Gómez, vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista de Valencia.
Cautela en María Pita
La alcaldesa Inés Rey, también del PSOE, apostó por la cautela y por aguardar a la letra pequeña antes de enjuiciar la disparidad de trato. "Esperaremos a que se concreten las partidas genéricas que aparecen en ese borrador y esperemos que algunas de las demandas sean incorporadas", adujo la regidora.
