La “reunión de trabajo” a la que la alcaldesa, Inés Rey, invita a participar a representantes de todas las administraciones implicadas en el futuro del puerto coruñés tendrá como punto de partida su situación financiera, según figura en la carta enviada al Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Xunta y Autoridad Portuaria. Ese último organismo contará precisamente desde hoy con un nuevo presidente, el hasta ahora concejal coruñés del PP Martín Fernández Prado, que sustituye a Enrique Losada, quien estaba al frente del Puerto desde el año 2009.

La deuda de 300 millones que soporta la Autoridad Portuaria por la construcción de las instalaciones de punta Langosteira será así el eje sobre el que giren las conversaciones que pretende poner en marcha Rey, ya que los convenios de 2004 para la financiación del puerto exterior establecían que esas obras se costearían en parte con la venta de los muelles interiores que queden en desuso.

Pero el cambio de opinión de las fuerzas políticas sobre el destino de esos terrenos y la pérdida de valor de los mismos tras la crisis inmobiliaria llevan a que se replanteen los acuerdos de hace 16 años. Desde A Coruña se defiende una condonación de la deuda o una medida equivalente que evite la quiebra de la Autoridad Portuaria, pero el Gobierno central se muestra contrario hasta ahora a esa propuesta, lo que se interpreta como un agravio tras el perdón de la deuda aprobado para el consorcio del puerto de Valencia.

Rey pretende que en la negociación se aborden “todas aquellas cuestiones que se precisen” para que sea posible iniciar “un proceso encaminado a una solución coordinada y estable”. También expresa en la carta su convicción en que entre todas las partes se logrará “transformar las dificultades que atraviesa el Puerto en una oportunidad”, así como que el futuro de esa infraestructura y su relación con la ciudad son “uno de los retos más sobresalientes” para A Coruña y su área metropolitana.

La llegada de Fernández Prado al Puerto supondrá la presencia en el organismo de un dirigente con experiencia como alto cargo de la Xunta, concejal de Urbanismo y diputado autonómico, además de con una carrera profesional en el campo de la arquitectura. Con este bagaje afrontará la negociación con el resto de administraciones, con las que deberá encarar no solo la delicada situación económica de la Autoridad Portuaria sino también el diseño urbanístico y de usos de los muelles que queden liberados.