El pazo de Meirás ya es del Estado. Un desenlace provisional, por el momento, a la espera del resultado del recurso interpuesto por la familia Franco, y que llega, al fin, tras 45 años de reclamación popular que se materializó en los tribunales tras tornarse en pugna política. Con Meirás caía un símbolo de la impunidad de la dictadura, en la que la frontera entre lo público y lo privado quedaba difuminada a través del culto al generalísimo y su corte de allegados.

Pese a que todos los actores implicados en la conquista coincidieron en señalar el carácter histórico del día del traspaso de llaves entre los descendientes del dictador y el Estado, muchos aprovecharon la ocasión para recordar que todavía resta un largo camino por delante a la hora de reparar todas las heridas que quedan abiertas tras años oscuros del siglo pasado. Tras el precedente que sienta Meirás, los ojos se posan ahora sobre la casa Cornide, otro de los bienes que engrosan el erario personal de la familia Franco cuya obtención es sospechosa de expolio.

La alcaldesa, Inés Rey, ha puesto como objetivo que la Casa Cornide siga el mismo camino que el pazo de Meirás. Ayer, en declaraciones a RNE, Rey aseguró que el inmueble de la Ciudad Vieja “fue un bien público del Ayuntamiento de A Coruña y que fue regalado, entre comillas, a la familia Franco” en un procedimiento que, según indicó, fue irregular, del mismo modo que el de Meirás. La alcaldesa señaló que el Gobierno local tiene dos vías abiertas para recuperar la Casa Cornide. La primera es la declaración como Bien de Interés Cultural y la segunda, la apertura de la vía judicial que, dice, el Ayuntamiento está “a punto de iniciar”.

Hubo quien se acordó de la Casa Cornide el jueves en medio de la euforia colectiva tras la entrega de las llaves de Meirás. Un asunto sobre el que la abogada del Estado, Consuelo Castro, dejó pocas dudas con respecto a la postura del gobierno central. “Es un caso en el que el estado no está legitimado para reclamar”, zanjó. La diferencia de fundamento a la hora de reivindicar Meirás reside en que el pazo sadense ejerció en su momento como residencia oficial del jefe del Estado. Entre 1938 y 1975, Sada se convertía, durante los meses estivales, en la sede del Gobierno de España.

Allí se celebraban Consejos de Ministros, recepciones oficiales, audiencias y hasta banquetes, que el dictador compaginaba con actividades como la pesca, la navegación, la caza o los paseos por la playa de Bastiagueiro. Algo que no ocurre, sin embargo, con la casa Cornide. En el uso y disfrute que la familia hizo del inmueble a lo largo de estos años reside la diferencia a la hora de llevar su reclamación a los tribunales. Si bien la vivienda de los Cornide estuvo, como recordó la abogada general, en manos del Ministerio de Educación, al haber sido el Concello coruñés su último propietario, le corresponde a esta administración reivindicar su titularidad.

Tampoco ostentó la denominación de residencia oficial del jefe del Estado. De Cornide se beneficiaba, principalmente, la esposa del dictador, Carmen Polo, que hacía uso de ella en sus visitas a Galicia, ya que no le compensaba abrir una vivienda tan aparatosa en su mantenimiento como Meirás para estancias cortas.

El Ejecutivo local se encuentra ya inmerso en el proceso de recuperación de la mansión para el patrimonio municipal tras haber solicitado, hace un mes, la declaración de Bien de Interés Cultural para el inmueble, el que sería el primer paso antes de reclamar su propiedad por la vía del litigio legal. Una empresa para la que el Gobierno local asegura contar, desde el primer momento, con el apoyo del Gobierno del Estado, aunque este último no se persone, finalmente, en la causa que el Concello ha asumido el compromiso de emprender.