Los edificios más antiguos de la ciudad, los que fueron construidos hace más de cinco décadas, suman tres años completos sin haber sido sometidos a su correspondiente inspección técnica. Desde 2006 hasta 2017 sí la realizaron numerosos edificios protegidos o con una antigüedad de más de 40 años de acuerdo con los criterios de la ordenanza municipal de rehabilitación de 2011, pero la anulación de la normativa estatal que regula las revisiones de estos inmuebles por parte del Tribunal Constitucional a finales de 2017 supuso la paralización de los expedientes en curso y derivó a las comunidades la nueva regulación de las inspecciones. En Galicia, la Xunta trabaja en el proyecto del decreto que regirá los exámenes técnicos, que pasará a denominar Informe de Evaluación de Edificios (IAE), y que, según fuentes autonómicas, pretende aprobar a comienzos de este año.
Dar luz verde a la nueva normativa, en este caso gallega, permitiría desatascar la tramitación de casi medio millar de expedientes, 499, que esperan por un dictamen técnico desde finales de 2017 en A Coruña, de acuerdo con los datos de la memoria de gestión municipal de 2019. En los tres años transcurridos el 98,5% de los expedientes de Inspección Técnica de Edificios (ITE) que manejaba el Ayuntamiento todavía estaban en alguna fase de tramitación sin conocer si tendrían una resolución favorable o desfavorable.
El anteproyecto del decreto por el que se regularán las evaluaciones y se creará un registro de inmuebles afectados en la comunidad se sometió a exposición pública en octubre de 2019 y el Concello presentó poco después unas alegaciones que a mediados de 2020 aún no habían recibido contestación. Entre otras cosas, el área de Urbanismo apuntaba que las nuevas inspecciones no exigían que el resultado de la evaluación fuese favorable, es decir, que se garantizase que los edificios se encuentran en buen estado, sino que solo obligaba a solicitar en plazo el informe.
Una de cada cuatro edificaciones fue construida hace más de 50 años
Fuentes del Gobierno gallego señalan que el texto está “muy avanzado” y añaden que antes de su aprobación por parte del Consello de la Xunta será enviado al Consello Consultivo para su valoración. En todo caso, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) “trabaja con la previsión de aprobar este texto a principios de año”, explican.
Tomando como referencia los datos de la Dirección General del Catastro hasta noviembre de 2020, A Coruña tiene en su territorio 170.296 edificaciones de distinto uso, de las que 45.358, lo que equivale a un 26,6%, fueron construidas antes de 1970, es decir, hace cincuenta años o más tiempo. Estos edificios antiguos, uno de cada cuatro en la ciudad, tendrían la obligación de pasar la inspección técnica a partir de la aprobación de la nueva ley autonómica.
Las estadísticas actualizadas muestran que 30.602 edificios de la ciudad fueron construidos entre 1960 y 1969; 6.170 son de la década de los cincuenta del siglo pasado; y 8.586 tienen fecha de construcción anterior a 1950. De las más de 170.000 edificaciones en A Coruña, el 74,1%, 126.295, son de uso residencial, recoge el Catastro. Le siguen los almacenes (el 10,7%), los establecimientos comerciales (6,7%), las construcciones industriales (3,3%) y las oficinas (2,8%). El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda refleja también que existen 2.471 parcelas de suelo vacantes.
Hasta 2017 pasaron por el proceso de inspección todos los edificios de Ciudad Vieja y Pescadería afectados por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), además de los catalogados en el plan general, los de una antigüedad de más de 40 años ubicados en áreas de rehabilitación declaradas y los de más de 40 años que hay en el resto de la ciudad.
El Ayuntamiento insta a los titulares de los inmuebles inscritos en el registro a realizar la inspección técnica que acredite el estado de conservación del edificio y sus condiciones de funcionalidad, ornato, estabilidad, seguridad, estanqueidad, consolidación estructural y habitabilidad como características principales.
Los propietarios tienen un plazo de un año para hacer la revisión desde que reciben la notificación municipal. Si el decreto de la Xunta que establezca las IAE entrase en vigor este año, aún podría transcurrir otro hasta la realización de nuevas evaluaciones, por lo que habrían pasado unos cuatro años desde la apertura del último expediente. Mientras, se podrían resolver los que continúan en tramitación.
