La pandemia, con su fuerza expansiva en más de una ola en diez meses, ha dado latigazos a empresas y a familias, y unas y otras se han visto obligadas a recurrir a concursos de acreedores al verse incapaces de liberarse de sus deudas. Cada vez son más los particulares que buscan una vía de desahogo en los procesos concursales, a los que se pueden acoger a través del mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta salida es un complemento o un amparo paralelo a la Ley Concursal que ofrece a personas físicas sin actividad empresarial y a autónomos la posibilidad de renegociar o eliminar de forma total o parcial sus deudas cuando no pueden hacer frente a su pago. En A Coruña arrancaron decenas de procesos el año pasado, muchos de los cuales se encuentran en la fase inicial de negociación extrajudicial y otros ya han pasado a los juzgados. Solo en el tercer trimestre estaban en esta segunda fase o se habían resuelto 27 casos, casi la mitad de todos los contabilizados el año anterior, 58. Abogados expertos en llevar este tipo de casos señalan que en la actualidad hay un “aluvión” y prevén que, con la actualización de las estadísticas del INE y del Consejo General del Poder Judicial, se contabilizarán más en los próximos meses.
Préstamos que no se pueden devolver, plazos de la hipoteca sin pagar, avales a familiares próximos, pérdida de empleo, negocios fracasados. Hay situaciones como estas detrás de cada proceso concursal a los que se ven conducidas familias y pequeños empresarios, agravadas en los últimos meses por una pandemia sanitaria que ha llevado a muchos trabajadores al paro o conducido a empresas a ERTE. Son también “decisiones equivocadas”, apunta Ángel Andújar, auditor y abogado especialista en Ley de Segunda Oportunidad. “Hay sectores muy impactados por la crisis sanitaria, como el comercio, la hostelería o el turismo, y esta ley permite a personas físicas y a pymes y micropymes con deudas ponerse a cero, reincorporarse a la sociedad o trabajar o poner en marcha otra empresa”, explica Andújar, que es director de COAGA Abogados.
Según las tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Galicia se produjo en el tercer trimestre de 2020 un aumento del 475% de familias deudoras concursadas, al pasar de 4 a 23 en un año, periodo en el que las pequeñas empresas o autónomos que entraron en concurso crecieron de 47 a 55, un 17%. En el conjunto del país en el mismo trimestre el salto fue de 421 a 652 familias y de 963 a 1.026 empresarios. En todo 2018 hubo en la comunidad 67 procesos concursales de particulares, que subieron a 83 en 2019, según la misma fuente estadística; hasta el tercer trimestre de 2020 había 57.
“Las cifras reflejan los casos que han pasado a la vía judicial, pero en la primera fase, la de negociación con los acreedores, hay infinidad de casos, por lo que con los datos del INE se pierde la perspectiva”, matiza Andújar, que añade que hay que tener en cuenta que el Estado aprobó en 2020 una moratoria que permitió a las empresas en situación de insolvencia retrasar hasta el final del año la presentación de un concurso de acreedores.
“El COVID ha provocado ahora que personas que se encontraban en la cuerda floja desde el punto de vista económico lo estén pasando mal. Familias y autónomos pasan por una situación muy dura, traumática en algunos casos por falta de trabajo y de ingresos, y los hosteleros ya se están informando sobre los concursos. Es bueno que los afectados sepan cuanto más mejor de la Ley de Segunda Oportunidad, que aún sigue siendo algo desconocida”, comenta el responsable de COAGA.
La Ley de Segunda Oportunidad se regula desde 2015 con la doble función de ayudar a sobrepasar una mala situación económica provocada por un endeudamiento excesivo sin descuidar los derechos de cobro de los acreedores. “Desde 2019 hay un repunte de casos. La ciudadanía la va conociendo, y de particulares ahogados por la hipoteca o una deuda bancaria hace tres o cuatro años pasamos a tener casos de empresarios individuales con el negocio a su nombre que no pueden hacer frente a sus préstamos”, cuenta Pilar Cortizo, del despacho coruñés Torres Díaz.
El procedimiento, añade la abogada, tiene una fase inicial en la que, tras nombrarse un mediador, se trata de alcanzar un acuerdo de pagos con los acreedores sin llegar a los juzgados, un paso que se ha de dar ante notario en el caso de los particulares y en el Registro Mercantil cuando es una empresa, y que permitiría al deudor afrontar la mayor cantidad de la deuda que le sea posible “generalmente mediante quitas o plazos de espera” para hacer factible el pago. “Lo normal es que no se llegue a ese acuerdo, así que se pasa a la fase judicial. En ella, al juez le corresponderá determinar, analizando la situación de las partes, qué porcentaje de la deuda será exonerado y qué porcentaje permanecerá”, explica Cortizo. El endeudamiento puede ser exonerado totalmente, salvo que sea público, es decir, cuando el acreedor es una administración o institución pública (Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos...); en ese caso la condonación es parcial.
No todos los consumidores pueden tener acceso a los concursos de la Ley de Segunda Oportunidad. Entre otros requisitos, deben acreditar que su situación de insolvencia no se ha producido con dolo o culpa grave; que no han sido condenados por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los 10 años anteriores; y que han intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores de su deuda.
