Ninguno de los particulares o inmobiliarias propietarias de suelo o construcciones en los nueve polígonos residenciales existentes en la franja costera que discurre entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe presentaron recursos contra la suspensión de la concesión de licencias urbanísticas aprobada por el pleno municipal el pasado 5 de noviembre. Esa actitud facilita la puesta en marcha de la revisión de la ordenación urbanística que llevará a cabo el Gobierno local en este frente costero, cuyo objetivo es “blindar el litoral de la ría”.
Entre los afectados por la iniciativa municipal, que puede dar al traste con los proyectos inmobiliarios previstos en todo este sector, figuran la empresa Altamira, propietaria de los terrenos de los antiguos Astilleros Valiña en el extremo sur de la playa de Oza; Conchado y Asociados, que posee una parcela al pie del hospital Materno Infantil; la inmobiliaria Altramud, del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, dueña del solar donde se encontraba la antigua fábrica de La Toja en A Pasaxe; además de otras compañías y particulares con suelo en esa última zona, como la familia Wonenburger, Grupo Atlántico y Congeladora Coruñesa.
La suspensión de la concesión de las licencias urbanísticas, que tendrá un año de vigencia, es una medida cautelar con la que se evita que durante el cambio del plan general se ejecuten proyectos contrarios al nuevo planeamiento.
Al anunciar esta actuación, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó que si la nueva ordenación autoriza el desarrollo de algún polígono residencial, tendrá que adaptarse a la “nueva perspectiva ambiental” que se aplicará en la zona y, aunque estimó prematuro establecer un porcentaje de reducción de la edificabilidad, aseguró que se pretende conseguir una “mejor dosificación de la capacidad residencial”.
Ante la posibilidad de que la modificación del plan general suponga la pérdida de la edificabilidad que hasta ahora poseen los propietarios de suelo en el borde de la ría, como en el caso del solar de Astilleros Valiña, Villoslada reconoció que el proyecto previsto en ese lugar, que cuenta con la oposición del colectivo vecinal del barrio, “puede readaptarse, reacondicionarse o recalificarse”, porque Urbanismo está “escribiendo una hoja en blanco para hacer una nueva ordenación urbanística” del litoral de la ría.
El concejal descartó además que tanto la inmobiliaria Altamira, pueda reclamar una indemnización si se prohíbe construir en sus terrenos, ya que la modificación del plan general de 1998 que se aprobó en 2008 se modificó para introducir este polígono daba un plazo de un año para iniciarlo, de forma que, en su opinión, al haber pasado doce años hasta la suspensión de las licencias, “no se han consolidado derechos urbanísticos”.
El resto de los propietarios de suelo en el borde de la ría que forma parte de polígonos incluidos en el plan general se encontraría en una situación similar, ya que el plan general aprobado en 2013 establecía un plazo máximo de cuatro años para que esas iniciativas inmobiliarias comenzaran, por lo que también habrían perdido la opción a desarrollarlas si finalmente se altera su calificación urbanística.
La revisión urbanística dejará al margen el núcleo tradicional de As Xubias porque dispone de una normativa propia para su protección, así como el colegio de educación especial María Mariño y la residencia Santiago Apóstol, el hospital Materno Infantil y el colegio Santa María del Mar, que podrán realizar obras de rehabilitación a lo largo del periodo de suspensión de licencias.
También quedan excluidos del cambio del plan general tres polígonos residenciales de pequeño tamaño situados al otro lado del puente de A Pasaxe y en el linde con Culleredo, ya que el Gobierno local entiende que es una zona diferenciada de la anterior y que se halla casi transformada por completo, a lo que se añade que considera que los proyectos que se ejecuten allí, uno de ellos ya en tramitación, “no tienen incidencia negativa en los valores paisajísticos y litorales”.
