La prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del enlace ferroviario del puerto exterior obligará a solicitar informes sobre la repercusión de esta obra en el territorio a 42 entidades públicas y privadas, según la información hecha pública por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El anterior documento ambiental sobre la conexión por tren de punta Langosteira fue elaborada en junio de 2017 y caducó ayer mismo, por lo que el Ministerio de Transportes presentó una solicitud para extender su vigencia otros dos años con el fin de no demorar más la ejecución de las obras, ya que en caso contrario habría que redactar de nuevo la declaración y el proceso se retrasaría de modo importante.
A pesar de todo, la prórroga no se concederá de forma inmediata, sino que habrá que llevar a cabo una serie de trámites para garantizar que las condiciones ambientales examinadas hace cuatro años no han experimentado variaciones sustanciales. Entre las administraciones locales que serán consultadas sobre la continuidad de la declaración ambiental figuran los ayuntamientos de Arteixo y A Coruña —por los que discurrirá el enlace ferroviario— y el de Culleredo por ser colindante con ambos, además de la Diputación Provincial.
La administración autonómica será la que reciba una mayor demanda de informes debido a las competencia que posee en el campo ambiental, ya que tendrán que contestar esta petición Augas de Galicia, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio Ambiente, la Secretaría Xeral de Medio Rural, la Dirección Xeral de Emerxencias, la Consellería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudos do Territorio.
También deberán emitir informes la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, la Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, la Secretaría Xeral de Calidade Ambiental, la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, la Axencia Galega de Infraestruturas, la Dirección Xeral de Saúde Pública, el Servizo de Protección Civil, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y la Dirección Xeral de Pesca.
Por parte de la administración central tendrán que responde a la solicitud la Dirección general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, la Secretaría General de Medio Natural, la Dirección General de la Costa y el Mar, la Oficina Española del Cambio Climático, la Demarcación de Costas de Galicia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en su sección de Alta Velocidad, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña.
También serán consultadas las empresas Repsol Petróleo y Ferroatlántica, además de colectivos ecologistas locales, autonómicos y nacionales, como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, también en su delegación ferrolana, Ecologistas en Acción, Asociación Ecoloxista Denosiña, Federación Ecoloxista Galega, WWF/Adena, SEO/Birdlife y la Asociación Galega Petón do Lobo.
