La puesta en marcha del nuevo Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco), dotado con 6,2 millones de euros, quemó ayer una nueva etapa con la aprobación por el pleno del Concello de la modificación del presupuesto que permitirá financiarlo. El remanente de tesorería de las cuentas del año pasado, de 5,4 millones de euros, además de 860.000 euros del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) proporcionarán los fondos necesarios para el plan, pero para que las ayudas a empresas y autónomos puedan concederse, así como para que los incentivos al consumo mediante bonos de descuento puedan ser solicitados habrá que esperar a que se aprueben las bases, lo que aún hará necesario el transcurso de unas semanas.

Tras la votación en la que el Presco fue aprobado por unanimidad, la alcaldesa, Inés Rey, felicitó a todos los grupos municipales por “estar a la altura” de las exigencias de la ciudadanía. También el portavoz del Gobierno local y concejal de Facenda, José Manuel Lage, agradeció la colaboración de toda la oposición en la elaboración del plan, del que dijo que su primera edición fue “pionera en Galicia” y la que más fondos aportó en la comunidad autónoma desde un ayuntamiento, así como que benefició a “más de 4.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas” .

Frente a las críticas a la reducción de la dotación de este Presco a la mitad del anterior, Lage argumentó que “las circunstancias cambiaron” porque la Xunta ahora también concede ayudas y que estas iniciativas no les corresponden a los ayuntamientos. También destacó que la aprobación de los fondos para el plan se hizo al mismo tiempo que la de los necesarios para aumentar en 2,4 millones los convenios nominativos con asociaciones de la ciudad, ya que ayer también se dio luz verde al cambio presupuestario que lo permitirá y del que la mayor parte, 1,24 millones, proceden de partidas hasta ahora dirigidas al Consorcio de Turismo.

La ampliación de este programa beneficiará a 94 entidades, una parte de las cuales recibirán más recursos de los que fueron aprobados en febrero, mientras que las que fueron excluidas en aquel momento podrán acceder ahora a las subvenciones. Lage puso de relieve que se aceptaron todas las propuestas de la oposición, excepto la ayuda solicitada para la Federación de Asociaciones de Padres de Centros Concertados que planteó el PP.

Pese al consenso alcanzado, la oposición recriminó al Gobierno local la tardanza en poner en marcha el nuevo Presco por haber rechazado elaborar un presupuesto para este año, que reducirá sus efectos a la última fase del año, así como la rebaja en su dotación económica. La portavoz del PP, Rosa Gallego, reprochó que no se aplique también una reducción de impuestos y que se haya retirado el plan de dinamización del comercio para financiar las subvenciones a entidades, mientras que por Marea Atlántica María García criticó el retraso en la apertura de la negociación con los grupos políticos. El nacionalista Francisco Jorquera afeó la “extremada lentitud” en la tramitación del anterior Presco y que se rechazara su propuesta de contratar un crédito para dotar de más fondos al de este año, al tiempo que la no adscrita Isabel Faraldo se refirió a los “pinchazos” del primer Presco por las ayudas que no tuvieron demanda, los retrasos en su aplicación y la exclusión de algunos sectores empresariales.

La expropiación de un terreno en O Castrillón presagia un nuevo pleito judicial urbanístico

El pleno aprobó ayer, con la abstención de Marea Atlántica y el Partido Popular, la desestimación del recurso presentado por la empresa Miramar Castrillón contra la suspensión de licencias en el polígono urbanístico existente en la calle del mismo nombre. La promotora exige al Concello desde hace dos años que le expropie esa finca, como se prevé en el plan general, y destaca en su recurso que dos días antes de que terminara el plazo para contestar a la oferta de expropiación que presentó se le hizo una oferta de negociación. Al rechazarla, el Gobierno local puso en marcha la suspensión de licencias, que impide la posibilidad de expropiar. PP y Marea recriminaron que se ocultase información a la oposición sobre este asunto, por lo que el popular Antonio Deus denunció “deslealtad” y vaticinó que la empresa recurrirá en los tribunales. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, replicó que la inmobiliaria entiende que debió ser expropiada antes de que pasaran cinco años de la aprobación del plan general, pero que el plan para esa zona de O Castrillón tiene una vigencia de 12 años y que la expropiación por ministerio de la ley que defiende la empresa no puede aplicarse en este caso. También destacó que reclama 5,2 millones por la parcela, cuando la anexa fue expropiada hace años por una cantidad mucho menor.