La concesionaria del Palacio de la Ópera, Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, del grupo Comar, asegura que ha ejecutado todas las deficiencias de mantenimiento y conservación de la instalación que advertía un informe municipal redactado por Eptisa en el año 2017. La misma empresa ha realizado otro documento para la gestora en el que da cuenta de las subsanaciones efectuadas en el edificio por más de un millón de euros, salvo las humedades localizadas bajo la cubierta. Estos trabajos, informa la concesionaria, se llevarán a cabo después de que se ponga solución a los problemas de humedad que provocan las filtraciones de agua a través de la cubierta del Palacio, tarea que le corresponde al Ayuntamiento.
La empresa del grupo Comar apunta en un comunicado que su plan de reforma integral del recinto comprende la renovación de las butacas, cambios en el sistema de iluminación, la reforma de suelos y paredes, la puesta a punto de las barandillas de las escaleras, la instalación de un sistema de control en las puertas de acceso a los camerinos, un nuevo sistema de climatización y la limpieza integral de la fachada del edificio en 2019. Añade que la mejora del sistema de ventilación del Palacio de la Ópera ha permitido mitigar concentraciones de gas radón, cuyos niveles son los permitidos según los estudios del Laboratorio de Análisis de Radiaciones de la Universidade de Santiago.
La empresa gestora resalta que ha realizado “un arduo y continuo” trabajo de mantenimiento interno para tapar las humedades de la instalación y matiza que los problemas derivados de la cubierta vegetal “no se pueden englobar dentro de las labores propias del mantenimiento” del edificio.
La concesionaria y el Consorcio de la Promoción de la Música, inquilino del recinto, llegaron a un acuerdo para renovar el contrato de alquiler por dos años, hasta julio de 2023, por el cual el órgano municipal obtiene una rebaja en la cantidad anual que paga por usar el Palacio de la Ópera tras haber abonado 600.000 euros a la gestora como requisito para poner fin al proceso judicial que mantienen las partes por el impago de las facturas del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020, cuando la OSG no ocupó la instalación debido a la pandemia y se instaló en el Coliseum.
