Una empresa ha recurrido la adjudicación del contrato de la regeneración de la ría de O Burgo, que el Ministerio para la Transición Ecológica resolvió el 2 de julio a favor de la unión temporal de empresas formada por Acciona Construcción y Matías Arrom Bibiloni. Este recurso ha frustrado la formalización de la adjudicación, al menos, por ahora, ya que el procedimiento se encuentra suspendido hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se posicione.

Este tribunal es un órgano independiente integrado en la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No ha trascendido, por ahora, qué empresa ha recurrido la propuesta de adjudicación.

El Ministerio para la Transición Ecológica licitó el proyecto de dragado y de regeneración de la ría de O Burgo por 40,16 millones de euros —48,59 millones tras el pago de los impuestos—. Acciona presentó la oferta mejor valorada del concurso, con un presupuesto de 32,23 millones de euros con impuestos —26,64 millones sin IVA— y un plazo de ejecución de 26 meses —el máximo que permitía el pliego—. Al procedimiento se presentaron diez ofertas, de las que dos, las lideradas por Copasa y Lantania, fueron descartadas por baja temeraria, ya que los presupuestos que presentaron eran muy inferiores a los de los demás. En el caso de Copasa, su oferta era de 23,7 millones de euros y, en la de Lantania, de 24,7 millones de euros.

De la fase final se quedó fuera también López Cao, ya que su propuesta técnica no fue valorada, porque incluía en su proyecto la construcción en A Pasaxe de una planta de tratamiento para eliminar la mayor parte de los residuos generados en el dragado. El tribunal encargado de examinar las ofertas no puntuó la propuesta de López Cao en este punto, al entender que esta planta de lavado de suelos y lodos introducía una variante en el proyecto que no estaba amparada por la Declaración de Impacto Ambiental. La empresa, sin embargo, encuadraba esta edificación en la posibilidad que otorgaban los pliegos de condiciones de proponer “métodos alternativos de transporte” para los lodos eliminados del fondo de la ría de O Burgo.

Dragados recibió un cero en una de las cuatro partes que el tribunal tenía en cuenta en la apertura de la información técnica, ya que su plan de trabajo aparecía como no presentado, una circunstancia que bajó su nota final.

Ahora será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que confirmó a este diario que había recibido un recurso a la adjudicación, el que tome la decisión de si es conveniente frenar el proceso de adjudicación o si debe seguir adelante, con Acciona como encargada de ejecutar las obras. Actualmente, la formalización de la adjudicación está suspendida.

En este procedimiento los tiempos son importantes, ya que la obra cuenta con financiación europea, por lo que las obras tendrán que iniciarse antes de que acabe este año. También es importante porque la Declaración de Impacto Ambiental tiene una vigencia de cinco años y fue aprobado en septiembre de 2017, y porque la Consellería do Mar tiene que suspender los planes de explotación de los mariscadores que faenan en la ría antes de que se inicien los trabajos, ya que la adjudicataria de la obra tiene que disponer de los terrenos sin ningún tipo de cargas.

La Cofradía de Pescadores sigue a la espera de que Consellería do Mar y Ministerio para la Transición Ecológica le den una solución a su reclamación de que los profesionales sean indemnizados por el tiempo que duren las obras, toda vez que el pliego de condiciones ya especifica que los trabajos no son compatibles con el marisqueo.

El Ministerio para la Transición Ecológica, en una carta enviada a la Cofradía el pasado viernes, 13 de agosto, vuelve a recordar a los afectados que las competencias en pesca y marisqueo las tiene transferidas la Xunta, de modo que considera que es a la Administración autonómica a la que le corresponde hacer frente al plan social.

De todos modos, el departamento estatal añade en su carta que, “si del análisis individualizado de cada una de las solicitudes de compensación por cese forzoso de la actividad que formulen los afectados ante la Administración competente se derivasen obligaciones” para el Ministerio para la Transición Ecológica, “esas obligaciones serán atendidas”.

Los mariscadores han solicitado en varias ocasiones que sean los equipos jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Xunta los que se reúnan para decidir quién debe hacer frente a las compensaciones. En varias ocasiones, los mariscadores manifestaron su intención de negarse a facilitar que se inicien las obras si antes no han acordado un plan de indemnizaciones que compense el tiempo que no podrán ejercer su trabajo en O Burgo.