El Gobierno local y Marea Atlántica han llegado a un acuerdo para modificar una de las ordenanzas fiscales —la número 24— y, de este modo, poder cobrar a las empresas de telefonía móvil por la ocupación del espacio público a partir del próximo año. El texto de la ordenanza tendrá un plazo de exposición pública de veinte días, que empezará en los próximos días, para que las partes afectadas por este cambio en la normativa municipal puedan presentar alegaciones. Este proceso comenzó durante el mandato anterior, con Marea Atlántica en el Gobierno local, ya que solicitó un informe en 2019 a la asesoría jurídica para que se pronunciase sobre si debía cobrar a las empresas de telefonía móvil por la ocupación de dominio público.

Entonces, los técnicos municipales, en virtud de la legislación vigente, apuntaron que el Concello “debería modificar con carácter inmediato” la redacción de la ordenanza fiscal, para permitir el cobro de una tasa tanto por la ocupación del suelo como del subsuelo y del vuelo que hacen las compañías de telefonía móvil.

El concejal de Facenda, José Manuel Lage Tuñas, explicó ayer que el Gobierno local calcula ingresar 1,5 millones de euros anuales por el cobro de este tributo a partir de 2022, toda vez que el metro cuadrado tiene un precio básico fijado de 16,63 euros, aunque en la fórmula para calcular cuánto ha de pagar cada una de las compañías que operan en la ciudad tiene otras variables, como el número de líneas que tiene activas cada firma en el municipio —si son menos de 8.000 se les aplica un valor de corrección—. Las compañías de telefonía móvil, hasta este año han estado exentas del pago de este impuesto, aunque la sentencia de la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 26 de abril de este año da seguridad jurídica a este cambio en la ordenanza municipal, ya que avala el fallo del 27 de enero —también de 2021— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que la ocupación del dominio público local por parte de las compañías de telefonía móvil no puede ser gratuita. Si lo fuese, tal y como recoge el informe de la asesoría jurídica elaborado este verano, tras la publicación de las sentencias, “vulneraría los principios constitucionales de igualdad tributaria y generalidad”.

Esta tasa se cobrará a las empresas tanto si son titulares “de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas”, tal y como dicta la normativa.

La portavoz de Marea Atlántica, María García, aseguró ayer que este acuerdo al que llegó su formación con el Gobierno local en el marco de negociaciones de las últimas semanas “ va en la línea de implantar en A Coruña una fiscalidad más justa y redistributiva” y avanzó que no será “la única mejora que se introducirá en las ordenanzas fiscales” ya que Marea intentará pactar más con el Ejecutivo municipal antes de que el documento vaya a Pleno.

Las ordenanzas fiscales fijan las tasas y tributos, así como las exenciones, que se aplicarán durante el siguiente ejercicio. Es el paso previo a la elaboración de los presupuestos municipales, ya que las ordenanzas fiscales incluyen previsiones de recaudación.

En este caso, el Concello calcula que ingresará 1,5 millones de euros anuales al aplicar esta nueva tasa a las compañías de telefonía móvil. El concejal de Facenda explicó que este incremento de los ingresos municipales revertirá en “más y mejores servicios públicos”. Tanto Lage Tuñas como María García reivindicaron ayer los acuerdos que derivaron en mejoras para los vecinos durante la pandemia, como garantizar que todas las familias tuviesen acceso al agua o que los negocios viesen aliviada su carga impositiva.