La Secretaría de Estado de Medio Ambiente admite la posibilidad de asumir las compensaciones a los mariscadores de la ría de O Burgo por el cese de su actividad a causa del dragado del estuario si la Xunta se lo reclama después de que las haya abonado a los trabajadores. Así se lo expresó ayer el secretario de Estado, Hugo Morán, a los representantes de los mariscadores durante una reunión telemática que mantuvo con ellos y en la que también estuvo presente la subdelegada del Gobierno, María Rivas.

Morán explicó a los mariscadores que el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende su el departamento que dirige, carece de competencias sobre la pesca y el marisqueo en aguas interiores, ya que pertenecen a la Xunta, por lo que no puede pagar las compensaciones por la interrupción de la actividad, a lo que añadió que es la administración autonómica la que dispone de la información sobre los trabajadores afectados y las capturas realizadas en la ría en los últimos años para establecer las indemnizaciones.

Gobierno central y Xunta mantienen un enfrentamiento desde hace meses sobre cuál de las dos administraciones debe hacerse cargo de las compensaciones, mientras se recorta el tiempo para que se inicie el dragado. Fuentes próximas a la Delegación del Gobierno en Galicia explicaron ayer el Ministerio para la Transición Ecológica no pone reparos a asumir ese gasto, pero siempre después de que la Xunta lo haga en primer lugar por ser la que cuenta con las competencias sobre el marisqueo. La Consellería do Mar, consultada por este periódico, demoró su contestación hasta después del encuentro que mantendrá hoy con los mariscadores.

El secretario de Estado expresó también su deseo de que los mariscadores participen en la recogida de la cría de los moluscos antes de que comience el dragado, pero los trabajadores, según comentó ayer su portavoz, Manuel Baldomir, reclaman que antes de que se inicien esos trabajos se haya resuelto el problema de las compensaciones.

“Los trabajadores no deben salir perjudicados”, manifestó Baldomir sobre este conflicto, que los afectados relacionan con el diferente color político de los gobiernos central y autonómico, aunque el secretario de Estado les aseguró que el fondo de la cuestión es la imposibilidad del ministerio de pagar unas indemnizaciones a un sector sobre el que no tiene capacidad normativa.

Baldomir añadió que si la Xunta “está tan convencida de que es el Estado el que debe pagar, con esta propuesta tan solo debería adelantar el dinero”, aunque expresó sus dudas sobre que acepte el planteamiento del Gobierno central.