La Xunta ha impuesto una nueva multa de 40.000 euros a la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, Albada, por “incumplir las condiciones de vertido” que figuran en la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el documento que regula las actividades de la planta y las medidas para reducir su impacto ambiental. En concreto, según señalan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la empresa no estaba remitiendo información a la Xunta en las condiciones que establecía la AAI.
Albada ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) esta sanción, que se suma a otras previas que ha recibido la empresa por motivos medioambientales y que suman 130.000 euros, pero las mismas fuentes afirman que el recurso fue “desestimado” y se resolverá en favor de la administración. De acuerdo con las mismas fuentes, el fallo “refrendará la legalidad de la imposición del control de calidad de los vertidos a la red de saneamiento municipal” en los términos indicados por la autorización.
En cuanto a las anteriores sanciones, 50.000 euros se deben a que la concesionaria apiló residuos no tratables en sus instalaciones durante el verano de 2019, después de que no pudiese seguir mandándolos a un vertedero de Santiago. Fue poco antes de que acabase su contrato (que se prolongó debido a que no se convocó un nuevo concurso) y se acumularon al aire libre unas 12.000 toneladas, incumpliendo la normativa. Finalmente se enviaron a un depósito de Sobrado dos Monxes.
Otros 80.000 euros derivan de que la empresa no ha sellado dos vasos en los que se guardan residuos desechados por la planta, un tema más complejo, que se remonta a hace dos décadas y para el que no hay prevista solución. Estos dos vertederos se colmaron, respectivamente, en 2002 y 2008, y, como ha ordenado la Xunta y han determinado diversas sentencias del Superior, “deberían ser sellados”.
La empresa presentó un proyecto para hacerlo hace más de una década, que recibió el visto bueno de la Xunta en 2010. Pero no el del Ayuntamiento: la redacción del plan implicaba que tendría que hacerse con fondos municipales, y el Concello considera que debe pagar Albada.
La Xunta emitió en 2015 una AAI, modificada en 2016, que establecía que Albada debía sellar los depósitos el 1 de julio de 2017. Pero para hacer la obra es necesaria una licencia municipal, que el Ayuntamiento no ha emitido hasta ahora; si bien, en una sentencia del pasado mes de noviembre, el Superior señala que la concesionaria no ha probado que haya “presentado la documentación suficiente” para obtenerla.
Pero, se deba a quién se deba el retraso, la Xunta es clara en su orden: la empresa debe sellar los vasos, y por no hacerlo, le impuso una multa de 60.000 euros en 2018, y otra de 20.000 el año pasado. Esto no quiere decir necesariamente que deba pagarlo, pues después podría intentar revertir el coste en el Concello; ni la Xunta ni los tribunales se han pronunciado sobre a quién corresponde asumir el pago, y el Superior ha manifestado que la falta de acuerdo deriva de “falta de previsión” a la hora de redactar el contrato.
Sin licencia, tras tres años
Y la licencia municipal se retrasa. En marzo de 2019, con el anterior Gobierno local, otra sentencia del Superior determinó que el Ayuntamiento tenía que tramitar el documento: le daba un plazo de tres meses para hacerlo, es decir, hasta junio de 2019.
El tribunal obligaba al Concello a tramitar la licencia, pero no establecía que tuviese que aprobarla tal cual pedía la empresa: el Ayuntamiento puede pedir cambios y aprobar o rechazar el documento. En aquel entonces, la edil de Medio Ambiente, María García, ahora portavoz de Marea Atlántica en la oposición, afirmaba que el expediente estaba tramitado desde el 3 de diciembre y que solo esperaba a una comunicación de Albada y documentación de la empresa para terminarlo.
El anterior mandato acabó sin que se resolviese el asunto. En enero de 2021, la sucesora de García en la concejalía de Medio Ambiente, la socialista Esther Fontán, declaró a este diario que se emitiría en breve la licencia de obras. Según afirmó, solo se esperaba para hacerlo a que llegasen cuatro informes del mismo número de organismos, que eran necesarios para dar el visto bueno al plan.
Desde entonces ha pasado un año y, según ha comprobado este diario, la licencia no ha pasado por ninguna Junta de Gobierno Local, como le correspondería por su importe (se estima en unos 3,5 millones). Este diario se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones tanto con el Ayuntamiento como con Albada para saber el estado de la tramitación, pero tanto unos como otros se negaron a hacer declaraciones, más allá de la afirmación, por parte de la empresa, de que no había “novedad en los últimos meses”. El Ayuntamiento ni siquiera confirmó que la licencia no se había emitido, aunque, como recuerda la Xunta, “no consta que se iniciara el sellado”.
En una sentencia del Superior por una disputa entre el Concello y Albada por un asunto relacionado, el tribunal cree que no es “aventurado” afirmar que la “verdadera razón del retraso” del sellado, que considera “imprescindible”, es la disputa económica.
A esperas del concurso
La relación institucional entre el Concello y Albada ha sido tormentosa: ya en 2009 la empresa reclamó al Ayuntamiento 32,5 millones para pedir equilibrio financiero tras diversos contratiempos, que los tribunales redujeron a 4,6 en 2017.
El contrato acabó el 31 de diciembre de 2019, y la empresa debía continuar en interinidad: pero amenazó con despidos y se negó a tratar la basura del Consorcio das Mariñas a partir del 1 de enero. El Ayuntamiento intervino directamente la planta durante ocho meses, con la idea de redactar las condiciones de un nuevo concurso para la gestión.
Pero no se cumplieron los plazos, y en noviembre de 2021 el Concello contrató a una empresa para realizar la documentación del futuro contrato. Albada ha vuelto a gestionar Nostián forzosamente, y los trabajadores se han quejado reiteradamente de la interinidad: creen que la planta sufre de falta de mantenimiento.
Las inspecciones muestran que no hay filtraciones del vertedero
En una sentencia emitida en noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señaló que los dos vasos de depósito de residuos procedentes de la planta que están sin sellar “vierten a la red de saneamiento municipal”, por lo que cerrarlos resultaría “imprescindible para mantener las emisiones de efluentes dentro de los límites admisibles”. Sin embargo, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente señalan que las aguas que se filtran de los vertederos se tratan a través de una planta de tratamiento especial, por lo que la red de saneamiento “no debería estar recibiéndolas” directamente. Las únicas que se vierten al colector municipal, sin depuración previa, son las pluviales que se recogen en una cuneta perimetral de las instalaciones. La Xunta comprueba que se cumplan estas condiciones a través de informes trimestrales emitidos por la empresa, y al menos hasta el último que ha recibido, que cubre de julio a septiembre del año pasado, “no constan incumplimientos”. Tampoco en la última inspección autonómica, del año pasado.
