En la planta superior del mercado de San Agustín hay cuatro puestos que se diferencian del resto. Son, en sus propias palabras, los “últimos mohicanos”, los únicos avalados por la Xunta para vender productos ecológicos. Así lo acredita el sello del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega) que la Consellería do Medio Rural otorga a los productores y comercializadores que cumplen las normas de la agricultura ecológica en sus procesos productivos. De la semilla al envasado. Esa es su mayor fortaleza, pero, a veces, su principal perjuicio. “Cuando un cliente sube las escaleras y viene a nuestros puestos, los últimos del mercado, es porque sabe a lo que viene y lo que busca. Detrás hay muchísimo trabajo”, asegura uno de estos mohicanos, Xaime Vilasoa, de Os Biosbardos. Junto a él, comparten trinchera Ana Rodríguez, de A horta de Ana; Paula Patiño, de A Castrexa, y Dolores Porto, de Granxas de Lousada.
Cuatro productores de agricultura ecológica certificados con el sello de Craega, que acogieron con escepticismo y desconfianza la noticia de que la Xunta prevé eximir a las pequeñas tiendas de graneles de la obligación de pedir una certificación al Consello regulador para comercializar estos productos. Desde Medio Rural justifican que la medida ahorrará costes a estos pequeños negocios, una coyuntura que en ocasiones les hacía desistir de contar con estos productos en sus establecimientos, y que beneficiará “de forma indirecta” a los agricultores y ganaderos, que ganarán espacios donde comercializar su género.
La opinión de quienes disponen de esta certificación, no obstante, no es la misma. “El certificado es una garantía de que las cosas se hacen de determinada manera. Si la tienda quiere poner “ecológico”, tiene que tener el certificado, sino, se convierte en una etiqueta más que no significa nada”, reflexiona Dolores Porto, de Granxas de Lousada.
Su recelo está bien justificado. Antes de obtener el sello Craega que luce sobre los productos que venden, tuvieron que esperar dos años “en conversión” y superar auditorías y valoraciones estrictas por parte del Consello Regulador. “No podemos comprar el pienso en un lugar que no tenga la certificación ecológica, por ejemplo”, ejemplifica Porto. “Si después de dos años de tanto trabajo, cualquiera puede coger un atajo y hacerse ecológico, volvemos al mundo de las etiquetas nuevamente: eco, bio, ecológico y orgánico son intercambiables, marketing puro”, lamenta Vilasoa.
La conclusión es unánime. “Acaba perdiendo el consumidor”. Y, en su opinión, no solo el consumidor, sino el objetivo de la causa y todo el trabajo que hay detrás. “Estamos hablando de trazabilidad: que en cada momento se sepa cuál es el producto, su proceso y su procedencia. Nosotros compramos semilla ecológica. Estamos siendo eco desde el minuto uno, no puede ser que al final de la cadena, en la venta, se torpedee todo ese trabajo, toda esa voluntad”, aducen.
Los cambios están respaldados por un reglamento europeo de 2018 que entró en vigor este año. Hasta ahora, todos los productores y puntos de venta estaban obligados a notificar su actividad a Medio Rural, someterse a inspecciones y obtener la certificación. Ahora, la nueva normativa europea abre la puerta a estas exenciones, lo que, a ojos de la Consellería, tiene un “bajo riesgo de fraude” al estar identificado el producto de una forma segura, pero los productores consultados tienen serias dudas al respecto.
“Tiene que haber una trazabilidad muy clara. No podemos esperar que todos sean responsables y no mezclen materias primas. El consumidor va a la tienda con prisa y no se va a parar a mirar qué es ecológico y qué no. ¿Quién dice que en la tienda no se van a mezclar, por ejemplo, los grelos que tienen certificación con los que no?”, se pregunta Paula Patiño. Los productores incluso van más allá, con ejemplos tangibles de los que ellos mismos afirman haber sido testigos. “Sabemos que hay máquinas que, a la hora de envasar las patatas, están diseñadas para poner a la vista las más apetecibles y por dentro las pequeñas. Si hay tecnología destinada a eso, ¿cómo vamos a estar seguros de que, a la hora de vender los productos, no se hace trampa?”, reflexionan.
Los establecimientos de venta a granel tendrán, con la nueva orden, que notificar su actividad a la Xunta, pero estarán exentos de la certificación si no superan unos determinados volúmenes de venta, correspondientes a menos de 5.000 kilos o 20.000 euros. “No vemos dónde está el beneficio de eso. Las tiendas que quieren vender nuestros productos es porque saben que tenemos garantías por la certificación. Si se elimina esta distinción, al final quitas también el valor de lo que vendes”, juzgan.
