La constructora Copasa ha presentado una demanda judicial contra la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa) en la que le reclama el pago de 1,08 millones de euros como compensación por las pérdidas sufridas por el aparcamiento público del Materno-Oncológico desde su apertura en abril 2015 hasta noviembre de 2019. La compañía acusa a Emvsa de haber “tolerado” el estacionamiento ilegal en el entorno del parking durante este periodo de tiempo, lo que le habría causado una disminución de ingresos que cuantificó mediante un estudio económico.
Emvsa contesta a la reclamación de Copasa que, a pesar de que transmitió en varias ocasiones al Concello sus quejas sobre la abundancia de coches mal aparcados en la zona, no tiene “ningún medio legal para exigir” a los responsables municipales “la eliminación del posible estacionamiento irregular o la adopción de medidas continuas” para impedirlo. También argumenta que no tiene derecho a una compensación porque explota el aparcamiento no mediante una concesión, sino de un arrendamiento y que no existe un estudio de viabilidad previo, ni tiene derecho a mantener el equilibrio económico que existiría en el caso de una concesión.
En su demanda, tratada ayer en el consejo de administración de la empresa pública, Copasa recuerda que desde que explota el aparcamiento, exige a Emvsa que evite el “estacionamiento irregular masivo” en el entorno del Materno y el Oncológico, del que dice que causa “un impacto económico muy negativo y un grave quebranto” en la explotación del parking.
La empresa limita su reclamación de daños al periodo comprendido entre su apertura en abril de 2015 hasta noviembre de 2019 porque en esa última fecha se había construido el carril bici en la avenida de A Pasaxe que impidió aparcar de forma irregular en ese lugar y se prohibió hacerlo en la bajada desde la avenida hacia la ría en un lateral del Materno, mientras que el aparcamiento privado situado junto a la gasolinera de As Xubias dejó de funcionar tras la orden judicial que recibió a instancias de la propia Copasa.
La compañía justifica su demanda por el “incumplimiento” por Emvsa de una obligación existente en el contrato para construir y explotar el aparcamiento, que hace referencia a la adopción de medidas impedir el estacionamiento indebido de vehículos en el entorno del Materno y el Oncológico. Para ello, apunta que la oferta que presentó al concurso convocado por Emvsa y que resultó ganadora “constituye un documento contractual que vincula a las partes”.
En ese documento se menciona que durante el funcionamiento del aparcamiento “serán desarrolladas por parte de las autoridades correspondientes las actuaciones encaminadas a hacer desaparecer e impedir el aparcamiento irregular, actualmente generalizado” y añade que estas medidas “serán objeto de demanda y seguimiento” por parte de Emvsa.
También destaca que el contrato suscrito en 2014 para construir el parking incluye una cláusula que dice que Emvsa “se compromete a demandar del área de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de A Coruña la adopción de medidas continuas de vigilancia, control, restricción de aparcamiento en las citadas áreas y viales”, así como “la denuncia e incoación de procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas en la legislación de tráfico y seguridad vial”.
Para Copasa, esta actividad “es un aspecto básico y esencial en el diseño del aparcamiento” y en su explotación, por lo que entiende que Emvsa “asumió la obligación de instar al Ayuntamiento” la adopción de medidas “continuas” para impedir el estacionamiento indebido de coches, aunque denuncia que ni la empresa ni el Concello, único accionista de la misma, la hayan cumplido.
En la demanda se detalla que desde agosto de 2016 envió once escritos a Emvsa y al Concello denunciando esta situación y que en agosto de 2020 elaboró un reportaje fotográfico en el que se demostraba que el problema persistía. Las imágenes captadas durante esos años “permiten apreciar el grado de inobservancia e infracción de las normas” e “ilustran con claridad la presencia permanente de vehículos estacionados tanto en carriles de circulación como en zonas que impiden la visibilidad, áreas ajardinadas y en zonas destinadas a la circulación de peatones en el entorno”.
Asegura que las únicas acciones realizadas por Emvsa fueron la autorización para colocar bolardos y balizas “en determinadas zonas” del entorno del Materno y el Oncológico, de los que dice que están “limitados a una zona concreta muy insuficiente”, así como la remisión de sus quejas al Concello. Esto llevó a la empresa a presentar en agosto de 2020 ante Emvsa una reclamación de 1,08 millones por el “quebranto económico” que dice sufrir, a la que la compañía municipal “no dio respuesta ni resolvió”, por lo que decidió presentar una demanda de juicio ordinario.
Fuerza legal
Emvsa manifiesta ahora que en el contrato para construir el aparcamiento se compromete a “demandar” al Concello medidas contra el aparcamiento ilegal, pero entiende que “demandar [... ] es sinónimo de comunicar, solicitar o rogar” porque a pesar de que la administración municipal es la propietaria de la empresa, esta carece de fuerza legal para exigir que realice esas acciones, así como de competencias en materia de tráfico. También señala que transmitió todas las quejas de Copasa al Concello y al Ministerio de Fomento, titular de la avenida de A Pasaxe.
Sobre la reclamación económica, recuerda que no se trata de un contrato de concesión, sino de arrendamiento, y que en el mismo “no existe ninguna cláusula contractual por la cual Emvsa garantice la inexistencia de aparcamientos ilegales”. A esto añade que ni el Concello ni el ahora Ministerio de Transportes “son parte en el contrato”, por lo que la petición de Copasa no se refiere a un incumplimiento contractual “sino, en su caso, en un incumplimiento de la Administración competente” , que debe ser resuelto en la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Un estudio de la constructora contó los coches mal aparcados cada hora durante dos días
Para calcular los 1,08 millones que exige como compensación a Emvsa por las pérdidas del aparcamiento, Copasa recurrió a un informe que cifró en 18.853,95 euros el quebranto mensual por el estacionamiento irregular. Ese documento incluye un “estudio minucioso del entorno del aparcamiento” en el que se hizo un “conteo de matrículas cada hora en dos días laborables en un rango máximo de 12 horas”. También señaló que está “basado en hechos y datos reales de la actividad de explotación del aparcamiento” y que “confirma la realidad y certeza” del daño sufrido por la empresa. Emvsa contesta sin embargo que pudo “usar y poner a disposición de sus clientes el aparcamiento sin limitación alguna”, al margen de que las Administraciones puedan no haber cumplido su obligación de controlar el estacionamiento irregular con la Policía Local o la Guardia Civil, cuestión que estima que debe analizarse en otras instancias.
