Dos aspirantes a jefe de servicio de Seguridad de A Coruña y el Gobierno local discrepan sobre que la sentencia anule el nombramiento
Consideran que Montserrat Paz debe dejar su cargo tras el fallo judicial, lo que niega el Ejecutivo municipal
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Viandantes ayer en la plaza de María Pita. | // J. M. / R. prieto
Redacción
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 que estima el recurso del intendente de la Policía Local Jorge Galán Souto contra la designación de Montserrat Paz como jefa de servicio de Seguridad Ciudadana del Concello de A Coruña genera discrepancias entre ambas partes. Mientras que Souto y su mujer, Laura Rodríguez Sastre, que también aspiraba a esa plaza, entienden que el fallo supone la anulación del nombramiento de Paz, el Gobierno local interpreta que tan solo debe justificar mejor los motivos por los que la seleccionó, al considerar que el juez no determina que no sea idónea para ocupar el cargo.
En su sentencia, el juzgado declarado “revocadas las resoluciones combatidas”, es decir el nombramiento de la jefa de Seguridad, “debiendo retrotraer el procedimiento la administración demandada, para realizar un nombramiento suficientemente motivado”.
Rodríguez Sastre, funcionaria de gestión tributaria de Oleiros, también presentó un recurso contra el nombramiento de Paz cuya vista aún no se celebró, mientras que Galán Souto también recurrió que el Concello no le admitiera una prórroga de la edad de jubilación. Ambos entienden que en el proceso de libre designación que se siguió requiere debe haber una motivación de los perfiles profesionales de los candidatos, ya que al no existir “la valoración no puede ser homogénea y pasa de ser discrecional a arbitraria”. Para Rodríguez Sastre, el argumento del Concello con el que justifica que Paz no debe abandonar su puesto “es superficial, ya que no se debe solo motivar más el expediente, sino anular el acuerdo y que la persona que está en ese puesto lo deje”, además de retrotraer el expediente a esa fase.
En su opinión, la elección de Paz es “una absoluta ilegalidad” y su mantenimiento en el cargo supone “insistir en el error”. La aspirante asegura que la sentencia ha causado satisfacción entre los funcionarios “porque la libre designación se está utilizando indebidamente”, a lo que añade que “sobra mucha estructura política en la Administración pública”, de la que dice que “está costando mucho dinero” a la ciudadanía.
Para la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, esta sentencia “confirma el enchufismo de Inés Rey”, ya que estima que la plaza de jefa de Seguridad “se creó expresamente” para esta integrante de la lista electoral socialista y se hizo “todo lo necesario para adjudicársela”.
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