Las variaciones en el precio de la energía, condicionado por la alta demanda del gas y el encarecimiento de los combustibles que ha derivado en la crisis del sector del transporte a escala nacional e internacional, tiene efectos “preocupantes” en las economías domésticas, no solo por la tarifa de la luz que abona cada familia, también por los gastos que deben afrontar las comunidades de vecinos. En un edificio de la ciudad de cinco plantas con ascensor y una vivienda por altura, la cuota anual de servicios comunitarios ha subido un 137% entre enero de 2021 y el mismo mes de 2022: de 270 a 640 euros.
Esta evolución la pone como ejemplo real la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de A Coruña, Carmela Lavandeira. “Cuantos más servicios e instalaciones eléctricas comunes tenga un inmueble, más notarán los vecinos el aumento del precio de la luz. Pero una instalación básica ha experimentado en el último año un aumento en sus gastos comunitarios de entre cinco y diez euros en sus cuotas mensuales. En las oficinas se ha disparado: de pagar 500 euros se ha pasado a facturas de 1.300”, añade.
La calefacción para hacer frente al frío puede asumirse desde hace meses como un servicio de lujo por la alta dependencia de un gas que tiene el precio por las nubes, sobre todo cuando los edificios disponen de sistemas de calefacción centralizada que utilizan varias unidades de consumo y su uso queda reflejado en las facturas comunitarias.
Los administradores de fincas consideran que la tarifa que se aplica a las comunidades es similar a la que pagan las industrias, por lo que han solicitado al Gobierno implantar la tarifa energética de los hogares a las comunidades de propietarios para que puedan ser beneficiarias de reducciones en el IVA por el consumo de gas y electricidad.
“Tratamos de ajustar la economía de nuestras comunidades vecinales porque en general nos trasladan situaciones preocupantes”, admite Lavandeira. Cada familia afronta la inflación, acentuada también por la guerra en Ucrania, con sus particulares maniobras matemáticas para cuadrar cuentas, aunque los administradores aconsejan prácticas que en la medida de lo posible alivien el peso que supone pagar facturas de la electricidad más altas que hace un año. Entre esas medidas está el uso de bombillas led o de bajo consumo, la revisión de las calderas, un mejor control en la regulación de la calefacción y apostar por soluciones de eficiencia energética.
Los centros de Formación Profesional tiran de ahorros por el consumo de su maquinaria
La factura de la luz enciende alarmas en casi todos los sectores, y dentro del educativo o formativo lo hace con incertidumbre en la Formación Profesional. El uso de maquinaria y de recursos a disposición de alumnos y docentes que deben estar en marcha prácticamente todo el día dispara el gasto energético. “De momento no hay alerta roja, pero a largo plazo, ya se verá”, expone Luis Quintana, secretario del CIFP Someso, centro que ha tenido que echar mano de remanente para hacer frente al repunte del precio de la energía. “Salvamos el día a día, pero...”, deja en suspenso Pablo Sobrado, director del CIFP Paseo das Pontes, donde recursos que en otras circunstancias se dedicarán a cuestiones docentes se desvían a la factura eléctrica.
La Consellería de Educación se enfrenta a la “inflación desbocada” con la disposición a “blindar el servicio educativo público”, aunque sin explicar de qué manera. La Xunta añade que “es imprescindible” que el Gobierno central “palíe la subida de los precios”, y en la última Conferencia Sectorial de Educación, a finales de marzo, reclamó al Ministerio que compense a las comunidades por unos sobrecostes que en Galicia cifra en unos 23 millones de euros.
El Concello eleva 1,5 millones su gasto energético
Las administraciones tienen en cuenta el encarecimiento energético a la hora de confeccionar sus gastos y esta crisis ha estado presente en la elaboración del presupuesto municipal en A Coruña. Fuentes del Concello admiten “seria preocupación” por las consecuencias que el alza de precios tiene en la energía. “Para este año se han presupuestado 1,5 millones de euros más que lo que se pagó en 2021 por gasto energético, pero el encarecimiento de la energía preocupa profundamente porque los recursos son limitados y destinarlos a un fin supone no poder dedicarlos a otro”, añaden las mismas fuentes. La partida presupuestada es de 6,9 millones de euros. “El Concello ya está tomando medidas energéticas relevantes como la renovación integral del alumbrado público con 21.000 puntos de luz con fondos del IDAE, que permitirá reducir el consumo en un 50%. Confiamos también en que las medidas en las que trabaja el Gobierno central contribuyan a controlar los precios para no frenar la recuperación económica”, apuntan las fuentes. El Gobierno local trabaja también, tras un acuerdo con el grupo de Marea Atlántica, en la constitución de un operador energético municipal, del que se va a crear una comisión técnica para su diseño legal.
