Sobre los tres policías investigados por la muerte del coruñés Diego Bello en Filipinas, ocurrido el 8 enero de 2020, recae una orden de arresto dictada por el juez encargado del caso, que los investiga, en base a informes del NBI, un órgano de la Justicia filipina similar al FBI, de asesinato y falsificación de pruebas, delitos por los que se enfrentan a cadena perpetua. El juicio todavía no tiene fecha.
Al igual que en España, la Justicia filipina establece una diferencia entre el homicidio y el asesinato, que es una muerte buscada por el atacante en determinadas circunstancias agravantes. En el caso de la muerte de Bello, la Fiscalía cree que concurrieron dos: premeditación y abuso de fuerza superior. Según el código penal filipino, los delitos de asesinato están castigados con la “reclusión temporal en su término máximo hasta la muerte”.
Según la investigación, el capitán Vicente Panuelos organizó una supuesta operación antidroga en la que agente filipinos abatieron al empresario coruñés en Siargao. Se hizo un montaje para fingir que Bello les había disparado y que ellos habían respondido a su ataque, a pesar de que las pruebas revelan que los agentes iniciaron el tiroteo y que siguieron disparando cuando el joven ya estaba herido y en el suelo.
A Panuelos y sus dos compañeros, Ronel Azarcon y Nido Boy Esmeralda, se les acusa también de falsificar pruebas. El NBI, según informaron los fiscales, “ha establecido de forma suficiente que los investigados colocaron el arma” para fingir que Bello la empuñó.
Según la legislación de armas, la aportación de pruebas falsas se castiga con la reclusión perpetua si se coloca “cualquier arma de fuego, o municiones, o partes de las mismas en la persona, casa, efectos o en las inmediaciones de un individuo inocente con el propósito de implicar o incriminar a la persona”. Se conoce como reclusión perpetua, que es similar a la prisión permanente revisable. Expira a los 40 años sin posibilidad de remisión en los primeros 30 .Se aplicaría esta pena porque son funcionarios, en otros casos es menor.
Pero, además, la investigación también señalaba a los agentes como sospechosos de situar droga en el lugar del crimen para acusar al coruñés. La legislación específica de drogas indica que quien sea responsable de estos actos “sufrirá la pena de muerte”. Sin embargo, esta está suspendida en Filipinas desde 2006. Ha habido varios intentos para reintroducirla, pero sin éxito. Incluso Ferdinand Marcos, que el próximo mes se presenta a las elecciones, ha prometido que si gana, su objetivo es instaurarla de nuevo. En este caso, la pena de muerte se cambia por Life imprisonment, esto es, pena de por vida, que tiene una duración indefinida
No obstante, si el juicio se celebra antes de que se recupere la pena de muerte, si es que llega a aprobarse, si se toma de referencia el principio general de irretroactividad penal que hay en España, a los sospechosos de matar a Diego Bello no se les podría aplicar la pena de muerte porque no puede aplicarse un castigo por una situaciones que ocurrió en el pasado.
