El abandono en que se encuentra la antigua prisión provincial coruñesa desde 2009, el último año de su funcionamiento, y la falta de vigilancia en el edificio derivaron en que el pasado mes de febrero se iniciaran dos incendios en los que tuvieron que intervenir los bomberos, así como la intromisión de veinte personas que fueron desalojadas por la policía.
Así lo expone la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) en el pliego de condiciones para la contratación de un servicio de seguridad en la vieja cárcel, en el que asegura que estos hechos “motivan la necesidad de esta sociedad de contratar el servicio de vigilancia de 24 horas”.
El contrato tendrá una duración inicial de tres meses, aunque podrá prorrogarse por otros tantos. Cada uno de esos meses, la Siepse abonará a la empresa que preste el servicio 14.200 euros. El pasado verano la prisión sufrió otros dos incendios que afectaron a los colchones que se encontraban en unas dependencias en las que se reunían jóvenes que se introducían en el recinto.
La entidad estatal justifica que hasta el momento no hubiera solicitado la prestación de esta actividad en el hecho de que en mayo de 2021 alcanzó un acuerdo extrajudicial para poner fin al pleito que mantiene con el Concello sobre la propiedad del inmueble, ya que el Estado le exige el pago de 1,2 millones para hacerse con la prisión, en cumplimiento del convenio que ambas partes suscribieron en 2005. El Gobierno local eludió explicar a este periódico en qué consiste el pacto que había logrado hace un año.
Recepción inmediata
“En previsión de que el acuerdo por el Ayuntamiento iba a recibir el inmueble iba a ser inmediato, no se ha contratado el servicio de vigilancia”, explica la Siepse, que pretendía así evitar nuevos gastos que tendrían que ser reclamados al Concello. La sociedad estatal detalla que el pacto logrado en mayo no llegó a rubricarse por voluntad municipal, pese a que a principios de este año el Gobierno local reclamó que se tapiasen las entradas a la cárcel y que se instalase un servicio de seguridad.
Cuando el PP llegó a la Alcaldía, denunció el convenio de 2005 por considerarlo lesivo para el Concello y exigió su devolución gratuita, lo que inició un proceso judicial que terminó en 2020 con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contraria a las tesis municipales. Pero nunca llegó a hacerse efectiva y el Gobierno local socialista inició en 2021 conversaciones con la Siepse para buscar una solución alternativa. A pesar de que esas negociaciones llegaron a buen término poco después, los responsables municipales desistieron hasta el momento de plasmarlas sobre el papel.
Marea Atlántica y BNG rechazan pagar por recuperar la prisión
Marea Atlántica y BNG expresan su rechazo al pago de 1,2 millones por la recuperación de la cárcel al Concello, ya que fue construida sobre terrenos municipales con el compromiso de devolverlos cuando dejasen de tener usos penitenciarios. Marea denuncia que desde 2009 hay un “total abandono de responsabilidades por parte de la Siepse”, a la que acusa de dejar el inmueble “sin el mínimo mantenimiento” y a la que exige que costee su rehabilitación. Para la concejala del BNG Avia Veira, si el acuerdo no prevé la cesión gratuita y la rehabilitación del edificio por parte del Estado “sería una tomadura de pelo”. Ambos grupos preguntaron en los plenos de febrero y marzo por la prisión y no se les informó del pacto, por lo que Marea reclamará documentación. Tampoco el Partido Popular sabía del acuerdo, ya que destaca solo conoce los asuntos cuando se llevan a junta o a pleno y “cinco minutos antes en el mejor de los casos”, a lo que añade: “No podemos valorar lo que no conocemos”.
