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La Opinión de A Coruña

El Concello vincula los retrasos para conceder la renta social a que prioriza las prórrogas

Afirma que el número de nuevas solicitudes es “muy importante”. Las ONG denuncian retrasos de hasta seis veces el límite legal

La edil Yoya Neira, a la izquierda, habla con su compañero de bancada, Jesús Celemín. | // CARLOS PARDELLAS

La edil de Bienestar Social, Yoya Neira, admitió en el pleno de este jueves que en “algunas ocasiones” se producen retrasos en la concesión de la renta social municipal, que diversas ONG señalan que se han incrementado en el último año. La concejala descartó que tengan que ver con “falta de personal” en su departamento, sino con el “muy importante” número de solicitudes y con unos recursos que “no son infinitos”; no apuntó a que se fuesen a incrementar. Además, señaló, los servicios sociales están priorizando “las prórrogas frente a las nuevas concesiones”, y, dentro de estas, las de las personas que “tienen menores a su cargo”.

En respuesta a una pregunta de Marea en la que el grupo de la oposición denunció los retrasos y preguntó por los planes del Ayuntamiento para mejorar este servicio, Neira pidió hacer una “reflexión” sobre los perfiles que están solicitando la renta. Según indicó, tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital del Estado, aprobado en 2020, la ayuda municipal ha quedado “muy limitada a un perfil muy concreto”, esto es, el de los inmigrantes irregulares.

Esto “cambió el panorama” en relación al programa electoral del PSOE en las elecciones locales de 2019, en el que prometió mejoras en este servicio, y obliga a la “reflexión”, con “criterios técnicos”, acerca de “qué cobertura está dando la renta social municipal, y cuál es su sostenibilidad”.

Neira defendió que su departamento está realizando un “importante trabajo” para realizar “itinerarios personalizados” ajustados a las “necesidades concretas” de las personas que solicitan esta renta, con el objetivo de ayudarlos a “integrarse y llevar a una vida autónoma”.

La renta, señaló, debe tener como “objetivo fundamental” la “plena independencia de los perceptores” cuando acaben los 18 meses de extensión máxima. Si no se consigue, afirmó, “es caridad, bien entendida, pero caridad al fin y al cabo”. También afirmó que los cambios en la normativa dificultan el cobro de prestaciones de personas sin documentación: los usuarios, indicó, afrontan bloqueos de cuentas.

Demoras que se incrementan

La edil de Marea Atlántica Silvia Cameán, que llevaba la concejalía de Justicia Social cuando se implementó la renta social municipal en 2016, expresó su “preocupación” por los plazos de tramitación de la ayuda. Si bien admitió que “en nuestro mandato se superaba el límite establecido”, de dos meses, indicó que “varias entidades” hicieron constar a su grupo que se está incrementando.

Según han indicado fuentes de Sos Racismo, Viraventos y Sen Valos a este diario, el problema se ha acentuado en el último año y hay solicitudes que se demoran hasta doce meses, frente a los cuatro o seis que se registraban antes.

Cameán también recordó que en mayo del año pasado su grupo presentó al Gobierno local una propuesta para aumentar la cuantía de la renta y los supuestos en los que se concede, así como para eliminar la incompatibilidad entre esta y las ayudas de emergencia social, que fue rechazada por los socialistas. Aunque señaló que es “lógico que existan diferencias” entre partidos, instó a los socialistas a enunciar “propuestas de mejora”. Neira vinculó los esfuerzos municipales en este sentido a la mejora del seguimiento de los perceptores.

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