La sociedad estatal que gestiona la antigua cárcel provincial situada cerca de la Torre, Siepse, ha adjudicado su vigilancia durante los próximos tres meses a la empresa Seyvi Seguridad, que realizó la mejor oferta en el concurso que se abrió: unos 36.500 euros (que suben a unos 44.200 contando los impuestos). Los gastos “serán reclamados al Ayuntamiento”, según las condiciones del concurso.
La cárcel finaliza así un periodo de más de tres años sin vigilancia. La llegó a tener, brevemente, después de que Proxecto Cárcere realizase actividades entre agosto y diciembre de 2018, y también pagó el Ayuntamiento. Desde entonces, el inmueble ha seguido deteriorándose, con una disputa por la propiedad entre el Concello y el Estado que lleva años pendiente de cerrarse, y fue objeto de vandalismo.
Según figura en la documentación del concurso, solo en febrero de este año se registraron dos fuegos provocados por personas que habían entrado irregularmente y las fuerzas de seguridad sacaron a 20 personas del interior. A petición del Concello, Siepse tapió las puertas y ventanas y abrió un concurso para poner vigilancia que acaba de concluir, tras unos meses en los que se realizaron nuevas pintadas en el exterior.
De acuerdo con Siepse, si no se puso vigilancia antes era porque el traspaso al Ayuntamiento sería “inmediato”. El edificio se ubica en una parcela originalmente municipal, y en 2005 el entonces alcalde Francisco Vázquez llegó a un acuerdo con el Estado para que volviese al patrimonio del Concello cuando quedase sin actividad.
Los usos del Estado acabaron en 2009. Pero el convenio de la época vazquista requería que el Concello realizase un pago de 1,2 millones que los gobiernos locales de PP y Marea rechazaron efectuar. Tras un fallo en contra del Concello en los tribunales, el actual Gobierno local socialista llegó a un acuerdo en mayo de 2021 que el Ayuntamiento y el Estado han rechazado hacer público. Desde entonces, según la alcaldesa Inés Rey, han continuado las negociaciones, pues el Gobierno local aspira a una “quita” de los 1,2 millones.
