El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 ha admitido a trámite el recurso presentado por el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas contra la decisión del Concello de dar carpetazo a la revisión de oficio de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local entre 2005 y 2006 que permitieron ceder fincas municipales a promotoras privadas en el polígono de Someso. El Gobierno local, que aprobó el pasado miércoles personarse en esta causa para defender sus intereses y que tiene que remitir todo el expediente de su resolución por orden de los tribunales, tomó esta decisión mediante sendas resoluciones en diciembre y febrero que fueron recurridas sin éxito por Sánchez Penas por la vía administrativa, por lo que optó por acudir a los tribunales.
El Ejecutivo municipal recibió el respaldo del Consello Consultivo de Galicia para negarse a anular los acuerdos de Someso a pesar de admitir que fueron nulos de pleno derecho, lo que justificó por el tiempo transcurrido desde que se adoptaron, así como por los perjuicios a terceras personas que podría causar su reversión. La consecuencia es que no se podrán reclamar responsabilidades a los miembros de la Junta de Gobierno Local o técnicos que aprobaron aquellos acuerdos durante el mandato municipal de Francisco Vázquez.
Los terrenos que dieron origen a lo que se denomina caso Someso fueron expropiados por el Concello para construir el campo de fútbol del Relámpago de Elviña, aunque la obra no llegó a ejecutarse. Las parcelas no se inscribieron a nombre del Concello y los antiguos propietarios no fueron informados de que tenían derecho a recuperarlas, sino que fueron vendidas a los empresarios que impulsaban el polígono residencial del recinto ferial.
La operación se llevó a cabo a pesar de que está prohibido la venta de suelo municipal para la construcción de viviendas de precio libre y la venta fue, además, directa, cuando la legislación obliga a que se lleve a cabo mediante una subasta pública.
Al reclamar la devolución de los terrenos, recibieron una respuesta negativa, por lo acudieron a los tribunales, que les dieron la razón y obligaron al Concello a abonarles compensaciones que superaron los 20 millones de euros.
El entonces concejal del BNG Xosé Manuel Carril reclamó en 2013 la anulación de estas decisiones, pero el Gobierno local del Partido Popular lo rechazó al año siguiente. Sánchez Penas también exigió la revisión de los acuerdos en 2015 y fue el Gobierno municipal de Marea Atlántica el que inició el procedimiento, que se completó durante el actual mandato municipal, ya con los socialistas al frente del Concello.
Durante el proceso se elaboraron informes técnicos en los que se pusieron de manifiesto las irregularidades cometidas, aunque el Gobierno local defendió la conveniencia de no anular las decisiones adoptadas por las consecuencias que podría tener, argumento que fue respaldado por el Consello Consultivo. Sánchez Penas no se da sin embargo por vencido y continuará en los tribunales su pugna por lograr la revisión de los acuerdos.
