La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, un órgano constitucional del país asiático independiente del Gobierno, hizo pública su “grave preocupación” por el retraso en el cumplimiento de la orden judicial de arresto de los tres policías presuntamente implicados en la muerte del empresario coruñés Diego Bello Lafuente, ocurrida el 8 de enero de 2020. La entidad considera que esta demora “va más allá de la razonable prontitud requerida en la eficaz administración de justicia”, ya que los policías —el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda— han sido informados de los cargos contra ellos y la orden de arresto fue dictada el 25 de marzo.
La comisión advierte de que los retrasos para evitar la aplicación de una orden de arresto “causan una ruptura del sistema judicial en su objetivo de proporcionar una temprana y eficaz reparación a los agraviados”. También señala que un procedimiento legal dilatado “solo amplía la injusticia si los acusados finalmente son declarados inocentes”. Por esta razón, Derechos Humanos exige a la Policía Nacional filipina que realice” todos los esfuerzos para localizar a los acusados” con el fin de que los procedimientos legales puedan continuar y tanto los policías como los familiares de Diego Bello obtengan una resolución judicial.
También alude el organismo a la necesidad de una “rápida e imparcial resolución de los casos” para responder a los casos de supuesta violación de los derechos humanos en la lucha contra las drogas. “Esto resulta fundamental en un país democrático como el nuestro y en línea con las obligaciones del Estado, obligado a respetar, proteger y cumplir los derechos de ciudadanos e individuos dentro de su territorio”, añade la Comisión de Derechos Humanos, que anuncia que continuará tutelando este caso.
La familia de Diego Bello denunció el mes pasado que las autoridades policiales de Filipinas no actuaban para cumplir la orden de arresto contra los tres agentes acusados, ya que permanecían en paradero desconocido dos meses después de que un juez ordenara su detención. Los allegados del empresario coruñés responsabilizaban al departamento de policía de intentar “dilatar lo más posible su detención”, lo que tachaban de “abierto desprecio a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes”, así como una “flagrante violación del estado de derecho”.
El National Bureau of Investigation de Filipinas considera que los tres policías dispararon a sangre fría Bello hasta matarlo y que luego pusieron en sus manos una pistola y unos gramos de cocaína. El objetivo sería aparentar que el empresario era traficante de droga y que les había disparado primero para justificar una actuación en defensa propia.
