El Gobierno local rectifica un día después y anuncia que estudia la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). Al día siguiente de que informase de que no se tomaría ninguna medida a pesar del incremento de este tipo de alojamientos vacacionales porque, defendían, “no suponen una amenaza para el sector turístico del municipio”, el Ejecutivo local cambia su discurso y asegura que sí actuará “a pesar de ser una competencia de la Xunta”, pues debe cumplir el acuerdo que selló con Marea Atlántica en diciembre de 2021, con quien se comprometió a “abordar la regulación de la vivienda de uso turístico para evitar que su uso intensivo tenga un impacto negativo en los barrios”, recoge el documento.
La negativa del Concello a regular estos pisos vacacionales, más de 650 en la ciudad, provocó “sorpresa y preocupación” en Marea, como expresaron a través de un comunicado a primera hora de la mañana. “El impacto de los pisos turísticos hay que buscarlo en su desastroso efecto para el derecho a la vivienda, no solo para los hoteles tradicionales. Regularlos es urgente, además de un compromiso con nuestro grupo. El Gobierno tiene que rectificar”, señaló la portavoz del grupo de la oposición, María García.
Tras el enfado de Marea, llegó la reacción del Gobierno municipal, que aclaró que estudiará la situación para cumplir “el acuerdo político firmado con Marea Atlántica el 29 de diciembre de 2021”.
Tras las vacaciones, el Ejecutivo municipal pretende aprobar un cambio en el presupuesto para el que necesita el apoyo del grupo de la oposición y que tendrá que negociar en una mesa que no partiría con la mejor de las predisposiciones con el incumplimiento de un acuerdo reciente. Marea llegó a este pacto con el exedil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que dejó el Gobierno local por discrepancias con el círculo de Alcaldía, y fue presentado por García junto al portavoz municipal, José Manuel Lage. A este respecto, Marea Atlántica se muestra “en disposición de escuchar” aunque todavía no ha recibido ninguna documentación.
En cuanto al panorama de los pisos turísticos, el Ayuntamiento le quita hierro al asunto y apunta que “en este momento no existe una situación alarmante” y detalla que actualmente hay “más de 20.000 viviendas en régimen de alquiler y poco más de 600 en alquiler turístico”. Sin embargo, los expertos en el marcado inmobiliario calculan que hay aproximadamente medio millar de pisos disponibles para arrendamiento tradicional, menos que los que se ofertan en plataformas de alquiler vacacional. Según el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), a 1 de agosto, en la ciudad, estaban registrados 653 alojamientos dedicados al turismo, un 22% que hace justo un año. Aunque los que se dedican a este sector deben inscribir sus inmuebles en este registro, no todos siguen la norma, por lo que podría ser que la cifra de viviendas de uso turístico en A Coruña fuese mayor.
Marea muestra su “preocupación” por la “parálisis de las políticas municipales de vivienda” e insiste en que “la presencia intensiva de viviendas turísticas tienen un impacto muy negativo en las ciudades”. Marea tira de datos del Observatorio Galego da Vivenda para recordar que “A Coruña fue en julio la ciudad gallego con el precio medio más alto en alquiler: 561 euros al mes, un 7,2% más que en 2021”.
El grupo liderado por María García pone además el foco sobre Oleiros, que aprobó en pleno la prohibición de las VUT. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, explicó ayer, en una entrevista a la Cadena Ser, que, aunque existe un decreto que regula estos alojamiento, los concellos “tienen competencia en materia de urbanismo para limitar, prohibir o permitir las viviendas turísticas”.
El BNG pregunta al Concello si ha impulsado las políticas de vivienda aprobadas en el pleno
El BNG pregunta al Gobierno local si se están aplicando las medidas sobre políticas de vivienda que propusieron los nacionalistas y se aprobaron en el pleno. Se refiere, entre otras, a la negociación entre el Ejecutivo municipal y la SAREB para la cesión de viviendas de propiedad de esta sociedad en la ciudad para incorporarlas al parque municipal y destinarlas a alquiler. Esta moción se aprobó por unanimidad. Avia Veira recuerda la moción de octubre de 2021 que solicitaba que la Empresa Municipal de Vivienda (EMVSA) funcionase “como avalista y asesora para las personas que quieren alquilar piso de cara a evitar posibles abusos o facilitar el alquiler a personas que buscan piso”. “Somos conscientes de que la escasez de vivienda pública es por la ausencia de políticas dignas por parte del Estado y la Xunta, pero el Concello tiene un papel que jugar y, bajo nuestro punto de vista, no lo está haciendo suficientemente”, lamenta Veira.
