La promotora que compró en diciembre de 2019 dos parcelas al Ministerio de Defensa en A Maestranza por 11,8 millones de euros, Lipromo, confía en edificar en el terreno en el que se hallaron restos arqueológicos, el más próximo al Rectorado. Según recoge la empresa en sus cuentas anuales de 2021, que acaba de depositar en el Registro Mercantil, espera recibir un informe arqueológico favorable, pese a que los últimos sondeos, según ha informado el Ayuntamiento, apuntan a lo que habían concluido los primeros: que bajo la finca existen restos de la muralla defensiva de la ciudad, que en su conjunto está declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Lipromo confía en poder presentar el estudio de detalle para obtener la licencia, calcula, “aproximadamente en diciembre de 2022”, expone la promotora en el informe de gestión, fechado en febrero, que incluye en sus cuentas.
Los últimos sondeos realizados en esta parcela tras las exigencias de la Xunta de retomar las catas de 2016 revelan la existencia de restos de la muralla, según informó la pasada semana el Ayuntamiento a este diario. Estos hallazgos todavía tienen que ser expuestos por el profesional responsable de las catas y precisan, a continuación, las conclusiones del arqueólogo municipal y la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. Lipromo compró las parcelas a Defensa pese a conocer que existían informes encargados por el Ejecutivo local anterior que reflejaban la existencia de restos patrimoniales en el ámbito de A Maestranza.
La idea inicial, según el estudio de detalle presentado el año pasado que después retiró, era levantar un centenar de pisos en este terreno en un bloque en forma de L y otros 56 en la otra parcela. La finca afectada por restos arqueológicos suma unos 12.155 metros cuadrados de edificabilidad. Sin embargo, el primer avance que posee el Ayuntamiento sobre los sondeos apunta que los restos “parecen corresponderse” con el camino cubierto del baluarte de San Vicente, una estructura defensiva de la Ciudad Alta de A Coruña de tipología abaluartada. Fuentes municipales aseguran que si esto se confirma, el hallazgo tendría la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que podría obstaculizar la construcción residencial en la zona.
Esta parcela fue excluida del segundo estudio de detalle presentado por la promotora en junio, que se refiere solo a la otra parcela, más cercana a la residencia militar. El documento de las cuentas recoge que la empresa optó por esta alternativa animada por el Ayuntamiento, para “tramitar de manera independiente sendos estudios de detalle” para las diferentes parcelas “ante la demora” que puede ocasionar la aparición de restos de la muralla en una de ellas, exponen. Así, la empresa puede avanzar el proyecto de la otra, que es de menor tamaño (6.848 metros cuadrados de edificabilidad), situada entre la avenida del Metrosidero y la residencia militar. La promotora pretende construir 56 pisos en un edificio en forma de Z, con cinco alturas y planta baja. Con el estudio de detalle ya presentado, Lipromo calcula “un mes” para su aprobación, por lo que espera disponer de la licencia de obra a final de verano. Cuando se presentó el estudio de detalle de las dos parcelas, el Gobierno local le dio el visto bueno. Fue el Gobierno autonómico el que pidió reducir alturas y reclamó los nuevos sondeos arqueológicos.
Marea y Defensa do Común, en contra del proyecto
Marea Atlántica y la plataforma cívica Defensa do Común mostraron su rechazo, a través de alegaciones, al estudio de detalle para la parcela 2 de A Maestranza presentado por la promotora, Lipromo. El grupo municipal presentó seis alegaciones, que recogen, entre otras cosas, que el documento incumple la protección del elemento declarado BIC conformado por parte de la muralla defensiva y que tampoco cumple la Ley de de patrimonio cultural de Galicia en lo que se refiere a la conservación de estructuras arqueológicas y la valoración cultural del paisaje. Defensa do Común, en sus siete alegaciones, se opone al estudio de detalle por “falta de documentación, vulneración de las normas de protección patrimonial y no utilizar el gallego”.
