La Corporación municipal aprobó este jueves por unanimidad una moción del PP para mejorar las condiciones del entorno de la Torre en la que también se incluía la “recuperación del estado óptimo de conservación de la antigua prisión provincial” y su promoción como objetivo turístico. El acuerdo final incorporó una enmienda de Marea en el que pide que se estudie situar en esta infraestructura un centro interpretación de la Torre.
La oposición criticó en bloque la situación actual de la vieja cárcel provincial, que, según señaló la edil popular Nazareth Cendán, que defendió la moción, se encuentra en un estado “casi ruinoso”. El Icomos, órgano consultivo de la Unesco, ha reclamado establecer medidas para evitar el declive del edificio, que lleva años sin mantenimiento y se encuentra cerca de la Torre, Patrimonio de la Humanidad. Por el momento pertenece al Estado, a la espera de que el Concello adquiera la propiedad haciendo efectivo un acuerdo extrajudicial que, según fuentes municipales, costará 2,3 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento.
La edil del BNG Avia Veira presentó una pregunta para saber los “pormenores concretos” del trato que se está negociando con el Estado, y, en especial, quién deberá pagar la rehabilitación de la infraestructura. De acuerdo con un cálculo del Ayuntamiento, las obras podrían costar 30 millones de euros. La alcaldesa, Inés Rey, manifestó el pasado mes de julio que este punto “no está en el acuerdo”.
El portavoz municipal, José Manuel Lage, no aportó más detalles a los ya hechos públicos, y recordó que el convenio original, firmado en 2005 por Francisco Vázquez, establecía que debían pagarse 1,2 millones de euros. La cifra subió hasta los 2,9 millones por intereses judiciales, señaló, después de que el PP iniciase un pleito (seis años después), continuado por Marea, para conseguir la reversión gratuita.
Este procedimiento, aunque rechazado por los tribunales, se basaba en que la cárcel, sin uso desde 2009 a excepción de una iniciativa de corto recorrido de Proxecto Cárcere, se ubica en una parcela originalmente municipal, y según el acuerdo original de 1925 tendría que revertir en el Concello al terminar el uso como prisión.
Lage defendió que el acuerdo extrajudicial permitirá reducir la cifra apagar en 600.000 euros, y que el Concello no puede “declararse en rebeldía” ante las resoluciones judiciales, pero la oposición considera que el pago es injusto y reclama una devolución gratuita. En cuanto a los usos futuros, un estudio encargado por el Concello proponía como “uso principal” la creación audiovisual, con espacio para vecinos, interpretación de la Torre y memoria histórica.
La moción aprobada también pide mejorar el estado del patrimonio cultural y natural de la Torre y su promoción digital, así como “mejorar la gestión turística” del área. El monumento, señala la propuesta, debe vincularse con el Camino Inglés.
Las ayudas para rehabilitar financiarán sistemas de monitorización energética
El pleno modificó ayer la ordenanza que regula la concesión de ayudas para rehabilitar viviendas, para incorporar subvenciones a los sistemas para monitorizar consumos energéticos y condiciones ambientales. Esto que permite ampliar el proyecto que desarrolla el Concello en esta línea con dinero europeo. También se incrementa la cuantía de las subvenciones a actuaciones de mejora energética que incluyan este requisito. De acuerdo con el edil de Urbanismo, Francisco Díaz, el Concello ya ha recibido la oferta de 120 viviendas para participar en el plan de monitorización, de las que “tenemos 48 aceptadas”. El cambio contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que votó en contra al considerar que esto va a causar “caos” en la concesión de las ayudas. En cambio, el PP fue el único grupo en respaldar al Concello a la hora de recalificar las fincas del futuro hospital de enfermos del Chuac, un cambio que requería mayoría absoluta. El resto de formaciones criticaron la elección de la Xunta de ampliar el complejo y no buscar otra localización. Entre el público estaban presentes vecinos afectados por las expropiaciones.
La oposición denuncia en bloque incumplimientos en los contratos de limpieza
La limpieza de la ciudad fue uno de los grandes caballos de batalla del pleno de ayer. Marea planteó una moción, respaldada unánimemente, en la que instaba instar al Concello a supervisar a las concesionarias de limpieza y recogida de basura de la ciudad y “sancionarlas si no ponen todos los medios a los que están obligadas”. El grupo afirma que el personal denuncia que “hay servicios que no están puestos en marcha”, e indica que no tiene “confianza en que se vaya a renovar” el contrato de Nostián. Tanto el PP como el BNG presentaron preguntas sobre estas cuestiones. El edil del PP Roberto Rodríguez, habló de “grave incumplimiento” en los pliegos actuales, que también considera insuficientes, y el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, que también criticó la falta de limpieza de playas, habló de “numerosos y sistemáticos” incumplimientos de las concesionarias. La edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, achacó estas críticas a la proximidad de la cita electoral, y criticó deficiencias recibidas del Gobierno local de Marea. También afirmó que los técnicos municipales siguen el trabajo de las concesionarias y corrigen los fallos. Afirma que se ha ido incrementado material que “sí hace falta”, como las dos nuevas fregadoras.
El Concello ofrece negociar las cuentas y Marea le pide cumplir pactos previos
El inicio del curso político empezó con una interpelación directa al Concello de la portavoz municipal de Marea, María García, para afrontar los “deberes sin hacer” e iniciar inmediatamente la “negociación” con su grupo para los presupuestos de 2023, para que “no se cometa el mismo error de 2021” y haya que prorrogar los de este año. García pidió a la alcaldesa, Inés Rey, y al portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, que se “centren” y “aprovechen todos los recursos que tienen disponibles”, al tiempo que les advertía de que su grupo tiene motivos para “dudar de la legitimidad de llegar a nuevos acuerdos” debido a que no se han ejecutado compromisos previos. Entre ellos citó los relativos al derecho a la vivienda, la atención a la salud mental o la política energética. Lage Tuñas manifestó su compromiso público de tener un encuentro con Marea “antes de que acabe el mes” para hablar de políticas de vivienda, de las que “hay actuaciones en marcha”, y señaló que el Concello tiene “voluntad de que haya presupuesto en 2023. Si hay grupos dispuestos, por el Gobierno no va a quedar”.
