El Gobierno local llevará el martes a la comisión de Urbanismo la propuesta de aprobación inicial de la modificación de la norma del plan general que afecta a los equipamientos y que pretende reducir los trámites necesarios para desarrollar proyectos de este tipo, tanto públicos como privados.
Si dispone de la mayoría necesaria, los socialistas incluirían este asunto en el pleno del jueves, para lo que en principio cuentan con la predisposición del Partido Popular, que expresó públicamente su apoyo para aprobar este cambio de la normativa. El Gobierno local trató de impulsar esta modificación a finales de 2020, pero en aquel momento no contó con la garantía de alcanzar los votos necesarios para su aprobación, por lo que desistió de llevarlo al pleno.
La tramitación necesaria para efectuar reformas o ampliaciones en instalaciones reguladas por esta norma hace que colegios como el de las Esclavas y el Eirís, así como el hospital San Rafael, el centro Padre Rubinos y la Universidade da Coruña reclamen que se modifique para hacerla más ágil. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, considera que con la propuesta que presentará su departamento podría acortarse en ocho o nueve meses el tiempo necesario para aprobar los proyectos elaborados para los equipamientos.
Urbanismo vaticina que si finalmente la modificación de la norma recibe el visto bueno se pondrán en marcha numerosos equipamientos tanto públicos como privados porque sus promotores consideran la exigencia actual de un estudio de detalle como un “escollo”.
“El problema viene casi desde que se aprobó el plan general”, señala Díaz Gallego, ya que para cualquier obra que implique un cambio de volumen en un equipamiento el plan general establece la necesidad de tramitar siempre un estudio de detalle (que permite la exposición pública del proyecto y la presentación de alegaciones), también para actuaciones como la instalación de una cubierta en el patio de un colegio. El estudio de detalle implica la exposición pública del proyecto.
Díaz detalla que habrá obras que tendrán que seguir precisando de un estudio de detalle cuando afecten a cuestiones estéticas o tengan mayor grado de complejidad, pero otras simplemente tendrán que ajustarse a lo dispuesto en la norma zonal del PGOM que afecta a los equipamientos. También explica que la nueva normativa dejaría claros qué tipo de proyectos harían necesario un estudio de detalle, pero que serían “minoritarios”.
El cambio del plan general que el Gobierno local pretende llevar a pleno incluye además otra serie de modificaciones en equipamientos de la ciudad. Para ello, durante la tramitación de la modificación, se fijará un plazo de dos años en el que se suspenderá la concesión de licencias urbanísticas en una serie de polígonos, terrenos y edificios con el fin de que no se desarrollen proyectos en ellos mientras se efectúa. Los afectados son un polígono de O Castrillón en el que el PGOM prevé un aparcamiento subterráneo, espacios libres de O Castrillón y O Ventorrillo que se pretende que se conviertan en públicos, los terrenos del campus universitarios, la parcela de A Maestranza en la que no se construirá por la presencia de restos arqueológicos, la antigua sede de Telefónica en San Andrés y una parcela frente al Hospital Marítimo de Oza que el plan general reserva para uso sanitario.
Para poner en marcha la iniciativa, Urbanismo consultó antes a todas las concejalías y servicios sobre sus necesidades de equipamientos, de forma que en la propuesta elaborada figuran nuevas dotaciones que no estaban previstas en el plan general, como el campo de rugby solicitado por el club CRAT y que pretende construirse en terrenos previstos para la ampliación del campus junto a la avenida de Alfonso Molina.
Otro de los equipamientos que se beneficiarían de este cambio es el colegio público de Novo Mesoiro, en el que se previó su posible ampliación en 4.000 metros cuadrados si aumentaba la demanda de plazas escolares y en el que la asociación de padres y madres del centro reclama que se incremente el número de aulas. Un caso diferente es el del suelo situado frente al Hospital Marítimo, que fue solicitado en su día por la Xunta ante la posibilidad de que fuera necesario ampliar hacia esa zona el centro sanitario, aunque el Gobierno autonómico ya manifestó que no tiene interés en ese terreno. Díaz añade que algunos departamentos municipales se reafirmaron en la necesidad de suelos dotacionales y que otros reclamaron la inclusión de algunos nuevos.
La modificación corregirá además errores apreciados en la calificación de equipamientos, como el de la primitiva sede de Padre Rubinos, que figura como de tipo religioso y que se pretende cambiar a asistencial, ya que permitiría dedicar el edificio a otros fines. Con la antigua sede de Telefónica en San Andrés se busca calificarla como equipamiento de contingencia de carácter público, de forma que se facilitaría su adquisición por el Concello
El edil menciona además la petición expresada por la Universidade para que los equipamientos del campus no tengan límite de edificabilidad, al igual que sucede con los del resto de la ciudad. La normativa establece también que algunos terrenos destinados a albergar equipamientos deben ser expropiados de forma obligatoria por el Concello, por lo que el Gobierno local aprovechará esta modificación para comprobar si deben seguir reservados para dotaciones públicas, como sucede con el del aparcamiento planteado para O Castrillón, cuyos propietarios reclaman su expropiación.
