Representantes del Gobierno central, el autonómico, el provincial y el local, de la Autoridad Portuaria y de todas las actividades empresariales que desarrollan su actividad en el puerto se dieron cita ayer en la Lonja para dejar patente su respaldo a la flota pesquera afectada por la decisión de la Unión Europea de cerrar 87 zonas, entre las cuales se hallan caladeros tradicionales de los barcos gallegos. Los armadores habían solicitado el día anterior apoyo de la ciudadanía para hacer frente a este desafío y la presencia masiva de personalidades políticas y económicas reveló que el sector no está solo en su pugna con Bruselas.
“Queremos decirle al comisario de Pesca que lo que está haciendo es una barbaridad y va a aniquilar muchas zonas costeras que viven de la pesca”, manifestó Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja, quien indicó que los afectados estudian la convocatoria de una movilización para hace ver a la UE el impacto de la medida. También advirtió de que, aunque los barcos directamente afectados en A Coruña se sitúan entre los 60 y los 80, “todos van a estar afectados en mayor o menor medida” y vaticinó que “va a haber barcos que van a tener que paralizar su actividad porque no les va a resultar rentable”, así como que numerosas empresas vinculadas a la pesca resultarán perjudicadas por este cierre.
También aludió a este aspecto Severino Ares, presidente de la asociación de armadores Pescagalicia-Arpega-Obarco, quien considera que “alguna flota parará el día 9 de octubre, pero a corto plazo habrá paralizaciones definitivas”, por lo que prevé que se soliciten ayudas para paradas temporales de los barcos e incluso definitivas si la situación no cambia. “El sector pesquero cree que la política medioambiental está teniendo un excesivo peso en la política pesquera, cuando tendrían que ir al unísono”, señaló Ares, para quienes “los más preocupados por el estado de los recursos y de los hábitats somos los propios pescadores”.
En su opinión, la imposibilidad de faenar en los caladeros donde operan ahora los barcos coruñeses “va a conllevar el desplazamiento de flotas a otras zonas y que se vaya reduciendo el sector pesquero y luego el comercializador y el portuario”. Tanto Ares como Corrás consideraron decisiva la presentación de un recurso contra la medida diseñada por la UE y confían en que el Gobierno español lo haga. “Es el único arma que nos deja el comisario, otros comisarios han intentado acabar con la pesca y este quiere ser el definitivo y eso no se puede consentir”, declaró Corrás, quien añadió que el sector cree que existen “bastantes argumentos para que sea admitido el recurso y también la suspensión cautelar”. Para ello recordó que en noviembre el Consejo Internacional para la Exploración del Mar elaborará un nuevo informe sobre el estado de los caladeros.
“Estamos evaluando la presentación del recurso porque es complejo”, detalló Corrás, quien estimó que el Gobierno “tiene más facilidad” para hacerlo por su condición de demandante privilegiado y porque ni asociaciones ni comunidades autónoma está legitimadas para presentarlo, pero sí las empresas afectadas., que ya están solicitando presupuestos de bufetes y analizando la posibilidad de que sean admitidos.
“España desde el 25 de junio está importando pescado, si disminuye la producción aumentará la dependencia”, alertó Ares sobre las consecuencias de la decisión de Bruselas, mientras que el presidente de la Lonja puso de relieve que la pesca en Europa “ya está en manos de empresas foráneas”, puesto entre el 60% y el 70% del consumo de pescado procede de terceros países. “Venimos de una pandemia en la que fuimos un sector esencial y de una guerra de Ucrania con unos costes de combustibles y de las materias primas elevadísimos”, se lamentó Corrás , quien recordó que la experiencia de los últimos años ha demostrado que “la dependencia de terceros países es negativa”.
La Diputación coruñesa aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional en defensa de la flota pesquera gallega que expresa el “firme rechazo a la arbitraria aprobación” del nuevo reglamento europeo sobre la pesca de fondo al estimar que tiene “un enorme impacto económico” en Galicia.
Durante la inauguración en el Kiosko Alfonso de una exposición sobre la flota del cerco, el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, dijo que el Gobierno hará todo lo posible para paralizar la medida “porque además de nociva está mal sustentada” y reclamó un “frente común” a favor de la flota. La subdelegada del Gobierno, María Rivas, manifestó por su parte tras la reunión de la Lonja que el Ejecutivo central hará “todo lo necesario para defender los intereses del país”.
