La Xunta reclama de nuevo a Albada, la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que proceda a sellar dos vertederos de desechos que quedaron colmatados en 2002 y 2008. El incumplimiento de esta orden llevó a la administración gallega a imponer a la empresa en 2018 una multa de 60.000 euros y en 2020 otra de 20.000 euros que fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El próximo jueves concluirá además el plazo de un mes que le dio la Xunta para que le informe del estado de todas las causas judiciales en las que está involucrada.
La Consellería de Medio Ambiente informó a este periódico que de ese trámite depende la puesta en marcha del sellado de los vertederos, obra que el Superior de Galicia confirmó que es responsabilidad de Albada, que pretendía que ese trabajo fuese llevado a cabo por el Concello como propietario de las instalaciones de las que es concesionaria.
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado jueves la resolución que revisa la Autorización Ambiental Integrada de la planta, imprescindible para que pueda seguir desarrollando su actividad, en la que se acuerda “mantener la obligación de la inmediata ejecución del proyecto de sellado por parte de la empresa”. Durante la tramitación del expediente, Albada alegó que la asignación de esa tarea y la aprobación del proyecto para realizarla son el objeto de varios procedimientos judiciales que aún están en marcha, razón por la que la consellería le reclamó que le dé cuenta de la situación en la que se encuentra cada uno de ellos.
El pasado enero la Xunta multó con 40.000 euros a Albada por no informarle sobre las condiciones de vertido de acuerdo con las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, que regula las actividades de la planta y las medidas para reducir su impacto ambiental. La empresa fue sancionada también con 50.000 euros por apilar residuos no tratables en la planta en el verano de 2019 por no poder seguir enviándolos a un vertedero de Santiago.
La concesión de Albada concluyó el 31 de diciembre de 2019, por lo que desde esa fecha gestiona las instalaciones sin contrato en vigor, a la espera de que el Gobierno local licite uno nuevo. Aunque el Ejecutivo de Marea Atlántica dejó listos los pliegos para sacar a concurso el servicio, el del PSOE primero adujo la necesidad de adaptarlos a la nueva normativa europea y luego contrató el pasado noviembre a una empresa para redactarlos, sin que se conozca cuándo estarán listos para la licitación.
