El denunciante del edificio Fenosa amenaza con exigir al juez que el Concello de A Coruña construya los pisos de Xuxán

El denunciante de la irregularidad urbanística del edificio Fenosa, el arquitecto Valentín Souto, pasó dos décadas en pleitos contra el Ayuntamiento después de que este diera una licencia ilegal para el inmueble. Hace cuatro años renunció a exigir que el Concello cumpliera su obligación judicial de reformar el edificio de la calle Fernando Macías para devolverlo a la legalidad (lo que costaría casi 60 millones en obras e indemnizaciones) a través de un acuerdo que incluía, entre otros puntos, que el Gobierno local construyese 50 viviendas protegidas en Xuxán. La obra sigue sin concretarse pese a que la alcaldesa, Inés Rey, anunció que saldría a concurso el año pasado, y Souto está estudiando ahora “tomar cartas en el asunto” y acudir al juez para exigir el cumplimiento del acuerdo.

Según explicó esta semana el edil de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego, el Ayuntamiento todavía no ha aprobado el proyecto para construir el edificio, cuya redacción se aprobó en diciembre de 2020. La obra estaba en los presupuestos del año pasado con 2,75 millones, y se preveía invertir otros 5,5 en 2023, si bien las partidas se han eliminado de las cuentas de este año, prorrogadas.

Díaz señaló también que está “esperando” a que la Xunta saque una línea de ayudas con fondos de la Unión Europea “para poder financiar estas obras”. El Gobierno gallego, criticó el edil, “está tardando bastante” en sacar convocatorias “a las que pretendíamos presentar este proyecto”.

Cuatro años sin cumplir los acuerdos del edificio Fenosa que evitaron la ruina de la Hacienda local de A Coruña

Pero para Souto, estas son “disculpas de mal pagador”. El Ayuntamiento, recuerda, “habitualmente convoca y concede ayudas para rehabilitación de viviendas a cargo de su presupuesto”, y para firmar los compromisos del acuerdo de 2019 “se tuvo que garantizar la existencia de crédito suficiente”. El coste de la obra se estima en algo más de ocho millones, y los presupuestos de 2022, los últimos que se realizaron, previeron unos gastos de 310 millones.

De acuerdo con el arquitecto, dado que el Concello elabora sus propias cuentas e inversiones y puede comprometerse a inversiones plurianuales, “tendrá que incluir en esos presupuestos las partidas necesarias para ejecutar sus compromisos”. Souto también indica que el acuerdo para levantar el edificio de vivienda protegida de Xuxán es “vinculante”, esto es, no es necesario votar en ningún órgano municipal para refrendarlo, y considera que las palabras del Concello de que “aguarda ayudas públicas” para financiarlo después de cuatro años, es “querer tomar por lerdos a quienes tenemos que oír semejante incongruencia”.

Debido a esto, el arquitecto manifiesta que cree que van “a tener que tomar cartas en el asunto de nuevo”, y que, pese a que quedaron “exhaustos” en el proceso judicial de la denuncia del edificio Fenosa, “creo que aún nos quedarán fuerzas para impedir que se incumpla lo comprometido en firme” y sancionado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En el acuerdo de 2019 Souto se comprometió a no volver a insistir en los tribunales en que se cumpliese literalmente la sentencia del edificio Fenosa, que obligaba al Ayuntamiento a demoler parcialmente el inmueble. Pero, según explica, está en plazo para llevar al Concello a los tribunales y forzarlo a que se lleve a la práctica el pacto. Se funda en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que en casos de acuerdos que rematan un proceso judicial, como en este caso, se puede ejercer la “acción ejecutiva” dentro de los cinco años siguientes. O, en términos más simples, durante cinco años una de las partes puede acudir a los tribunales para que obliguen a la otra a que cumpla lo firmado. “No ha caducado el derecho a exigir la ejecución”, resume el arquitecto.

Si va a los tribunales, añade Souto, también va a “exigir responsabilidades de las personas que tienen obligación de gestionar” el Ayuntamiento, esto es, el actual Gobierno local. El acuerdo fue firmado en los últimos meses de la época de Marea, pero, señala el arquitecto, “es a los actuales representantes de la institución a quienes corresponde ejecutar los acuerdos, y serán ellos quienes tendrán que responder de su incumplimiento”.

Falta de protección al edificio

El acuerdo con Souto incluía que el Ayuntamiento aprobase un protocolo de buenas prácticas urbanísticas, reconociese que en el juicio contra él actuó de manera que “dista mucho de los dictados de la buena fe” e aceptase indemnizarlo por ello con cerca de tres millones, que ya se pagaron. Y dentro del mismo proceso de mediación, el Concello llegó a otro acuerdo con los vecinos del inmueble en el que se incluía declararlo “edificio singular”, un cambio urbanístico que el edil del ramo debería poner en marcha “en un plazo máximo de tres meses”.

Este cambio debía garantizar la “tranquilidad y seguridad jurídica” de los residentes en el edificio, o, en otras palabras, impedir que un nuevo denunciante pueda iniciar un proceso similar al que remató en 2019. El Concello aprobó en junio del año pasado enviar al Gobierno gallego una modificación del plan urbanístico que incluía este cambio, con el objeto de que la Xunta realizase una evaluación ambiental. Desde el Ejecutivo autonómico se le dio el visto bueno, aunque reclamando al Concello que revisase su catálogo de bienes protegidos para asegurar que no se viesen afectados. La modificación definitiva sigue sin aprobarse.

Suscríbete para seguir leyendo