La policía intervino 45.000 euros en efectivo y vehículos de alta gama a los detenidos del Sindicato de Trabajadores

Los cuatro detenidos del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), dos hombres y dos mujeres, han quedado hoy en libertad aunque siguen investigados por corrupción de particulares, estafa y blanqueo de capitales tras haber pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en funciones de guardia. La magistrada de dicha sala ha decretado la puesta en libertad de los cuatro detenidos aunque como medida, les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

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La magistrada encargada de la causa ha alzado hoy el secreto de las actuaciones. Los delitos principales que se investigan son los de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales, aunque según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hay además otros delitos accesorios que se investigan.

La investigación policial desprende que el Secretario General de la organización sindical, con la cooperación de personas cercanas, se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias de servicios públicos en A Coruña para lograr beneficios económicos personales. En concreto, se habría estado percibiendo de unos beneficios de más de 250.000 euros solo en el año 2021.

Según la Policía Nacional, las empresas adjudicatarias del servicio habrían cedido gran parte de la sección del personal contratado a los detenidos, lo que fue aprovechado por estos para tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas, que exigirían pagos mensuales como requisito obligatorio para entrar a trabajar en ellas. "Si no se accedía a dichos pagos, nunca se podía entrar en la plantilla. Del mismo modo, si se dejaban de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto, como así se desprende de las pruebas testificales practicadas", indica la Policía Nacional.

"Si no se accedía a dichos pagos, nunca se podía entrar en la plantilla. Del mismo modo, si se dejaban de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto"

Los detenidos tenían automóviles y viviendas de gran valor económico y manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo. La Policía ha bloqueado de forma preventiva varias propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentran siete fincas urbanas, dos fincas rústicas valoradas en más de medio millón de euros, así como activos en cuentas bancarias por un valor muy elevado. También fueron intervenidos 45.000 euros en efectivo, 6 vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático, así como dos armas detonadores con 90 cartuchos y una imitación de placa emblema de policía.

Detenidos cuatro miembros del sindicato de basura de A Coruña STL

Tras la detención, el miércoles por la mañana, de cuatro personas relacionadas con el STL, la oficina abrió ayer sus puertas —previa llamada al timbre— para atender a sus afiliados, aunque ninguno de sus miembros quiso hacer declaraciones ayer sobre la operación desarrollada por la Policía Nacional en la que participaron la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y también la de Prevención y Reacción. Los agentes realizaron el miércoles cuatro registros, uno de ellos en las instalaciones del sindicato, en las inmediaciones de la calle Barcelona.

STL, bajo la lupa judicial

La alcaldesa, Inés Rey, no se pronunció ayer sobre estos hechos, ya que siguen bajo secreto de sumario, tampoco la empresa Prezero —concesionaria actual del servicio de recogida de basuras, después de que en diciembre de 2021, adquiriese todo el negocio de medio ambiente de Ferrovial, tanto en España como en Portugal—.

Entre los detenidos está el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, Miguel Ángel Sánchez, que ya era secretario del comité de empresa de Ferroser en 2003, cuando esta empresa era la concesionaria encargada de la recogida de basuras. Para entonces, todavía no había fundado el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza.

BAJO LA LUPA JUDICIAL

En marzo de 2009, se celebró un juicio contra los presidentes de los comités de empresa de Cespa y Nostián, Miguel Ángel Sánchez, y José Manuel Vilariño, respectivamente. En la vista, un detective les acusaba de haberle amenazado y de haberle mostrado una pistola en el centro comercial de Elviña. El detective, a pesar de que en el juicio no quiso revelar la identidad de su cliente, ante la Policía aseguró que había seguido a Sánchez y Vilariño por orden de Cespa. Más información.