Los expertos discrepan por la subida del IBI a pisos vacíos en A Coruña: “positiva” o un “fin recaudatorio”

Las ordenanzas fiscales coruñesas contemplan, desde hace dos décadas, un recargo en la cuota de IBI a las viviendas desocupadas, que, desde la última subida en el mandato de Marea Atlántica, alcanza el 50%. No se ha puesto en práctica porque hasta ahora no había una definición legal para los pisos vacíos, pero la nueva ley de vivienda que se debate en el Congreso ofrece un marco legal para que se haga efectiva en el municipio. Entre los agentes y expertos del mercado inmobiliario coruñés causa debate: para algunos será una solución, al menos parcial, al problema de la vivienda, y ayudará a reactivar el mercado del alquiler; para otros solo tendrá efectos recaudatorios.

Para la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria coruñés, Patricia Vérez, la medida “no va a conseguir su objetivo, que los propietarios saquen al mercado sus viviendas” y las pongan a alquilar. Vérez considera que este recargo y otros movimientos “intervencionistas”, como la limitación de precios de alquiler, no ayudarán a las personas “con menos recursos”, sino que pueden conllevar una reducción de la inversión en el mercado inmobiliario y de la oferta.

Para Vérez, las medidas públicas deben ir por el camino de la zanahoria, y no del palo, dando bonificaciones de IBI e IRPF a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler o concediéndoles subvenciones para rehabilitarlas, como las que se dan por el plan Rehaluga. El recargo al IBI, considera la presidenta de los agentes inmobiliarios coruñeses, es “una medida recaudatoria”.

La futura ley de vivienda abre la puerta al recargo de IBI a pisos vacíos, paralizado en A Coruña desde hace 20 años

También se muestra en contra, aunque con más matices, la abogada de la Asociación de Inquilinos coruñesa, Verónica Urreaga, para la que la medida es una “amenaza” contra los arrendadores y “va contra la propiedad privada”. Para ella, los incentivos de las administraciones también deberían ser positivos, con “más vivienda protegida en oferta, que sería mucho más efectivo” para garantizar casas a precios asequibles. Con el aumento del IBI, considera, los propietarios intentarán hacer “fraude de ley” para evitar el recargo.

Urreaga indica sin embargo que la medida podría ser positiva siempre y cuando se aplique a “grandes arrendadores”, esto es, “tenedores de ocho, diez pisos, para arriba, lo demás me parece una barbaridad”. “Es un fin recaudatorio”, concluye.

Actualmente, la ordenanza fiscal coruñesa propone aplicar el recargo a todos los pisos en los que no haya un ocupante empadronado ni se registre gasto de agua, pero el proyecto para la ley estatal (que todavía puede modificarse de cara a su aprobación definitiva) lo restringe a las viviendas cuyos titulares posean cuatro o más pisos, y tengan uno sin habitantes “de manera continuada y sin causa justificada” durante más de dos años. Para propietarios con dos o más pisos en el mismo municipio y que los tengan vacíos durante más de tres años, el recargo del IBI puede llegar al 150%, aunque es decisión de cada Ayuntamiento.

La ordenanza actual, sin aplicar en la práctica, también establece que se debe hacer un censo de viviendas vacías para cobrar el recargo, y el arquitecto Iago Carro, del colectivo Ergosfera, señala que esta estadística será una “herramienta fundamental” para analizar el problema de la vivienda y “una gran noticia”. Hasta el momento, indica, cuando se debate acerca del problema de la vivienda desocupada se hace en base a datos desactualizados (se emplean los del último censo, correspondiente a 2011).

El vacío legal sobre los pisos vacíos impide aplicarles el recargo aprobado hace 16 años

Desde Ergosfera, indica Carro, “estamos muy de acuerdo con la medida” de aumentar al IBI a los propietarios que mantienen viviendas vacías y que supondrá “un incentivo para sacarlas al mercado” pero el arquitecto señala que, por sí misma, no resolverá el problema en la ciudad. “Solo es una más del conjunto que se tiene que empezar a aplicar”.

Propiedad contra bien social

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, explica que su asociación se opone al recargo por un tema de fondo, ya que afecta al propio derecho a la propiedad. “Estamos totalmente en contra”, indica, “el propietario puede hacer lo que quiera con su vivienda: tenerla ocupada, vacía, venderla, alquilarla, disfrutar de ella los fines de semana”. La medida supone “criminalizar” a los dueños por mantener una casa desocupada, “cuando pueden tenerla así”.

Estas “políticas intervencionistas”, en las que incluye el tope de precios, “no son el camino” para Iglesias, que defiende que “el mercado se regula por sí solo” y considera que el papel del Estado debería ser el de aumentar la “seguridad jurídica” de los propietarios. En cuanto al Ayuntamiento, le pide que se ocupe de que “las licencias no tarden año y medio”.

Pero el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidade de A Coruña, Plácido Lizancos, considera que la medida es “positiva” y una forma de buscar la “justicia social”. “Los edificios vacíos suponen un castigo al derecho a la vivienda, y de alguna manera el Estado tiene que implementar mecanismos de corrección”, cree Lizancos, que recuerda que en Portugal también se está dando un debate entre el derecho a tener una casa y el de propiedad. “Que lo resuelvan los juristas; socialmente, me posiciono a favor”, remacha.

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