Muelles, bus urbano, Nostián y vivienda, los mayores desafíos del mandato que hoy arranca

El nuevo mandato municipal que se inicia hoy con la nueva investidura de Inés Rey como alcaldesa tiene una amplia lista de tareas en la agenda para realizar durante los próximos cuatro años. La definición del futuro de los muelles sin uso portuario, el nuevo modelo y concesión del transporte público, la licitación del nuevo contrato de la planta de residuos de Nostián y la dotación de más viviendas municipales son los principales desafíos a los que deberá enfrentarse el Gobierno local a partir de ahora. A continuación se detallan algunos de los asuntos que están en el horizonte cercano del nuevo Ejecutivo.

Muelles. El futuro de los espacios portuarios liberados está aún por definir tras la negativa del PSOE a pagar para que conserven su carácter público, como proponen Autoridad Portuaria y Xunta, ya que argumenta que el Puerto ya no precisa esos recursos para sostener sus finanzas. El pacto de investidura con el BNG incluye la solicitud al Gobierno central de la condonación de la deuda portuaria, algo a lo que siempre se ha negado.

Borde de la ría. El Concello tiene pendiente la modificación urbanística del litoral entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe, cuya tramitación ambiental ya está aprobada, aunque el documento todavía no recibió la aprobación inicial del pleno. Propone una importante reducción de la edificabilidad con relación a la autorizada en el plan general y el nuevo Gobierno local precisa del apoyo de algún otro grupo para sacarla adelante.

Cantones. La peatonalización de este paseo iba a ser el proyecto estrella del pasado mandato, pero solo se ejecutó la actuación prevista en la calle Compostela. El proyecto definitivo todavía no ha sido aprobado y cuando se haga las obras tendrán que ser licitadas, por lo que la ejecución se desarrollará durante al menos buena parte de este mandato.

Aesia. La Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial debe ser puesta en marcha en los próximos meses, para lo que el Concello debe facilitar los medios que expuso durante el concurso convocado por el Gobierno central. El proceso está afectado además por los recursos judiciales presentados por entidades granadinas que consideran que la adjudicación de la sede fue irregular y que reclaman su revocación.

Ciudad de las TIC. Aunque esta iniciativa corresponde a la Universidade da Coruña y el Cluster TIC, el Concello debe contribuir mediante la participación en la que será su entidad gestora y en la mejora de los actuales accesos al complejo de la antigua fábrica de armas y del transporte público en esa zona.

Planta de Nostián. El futuro de esta instalación, cuya concesión caducó en diciembre de 2019 y aún está pendiente de ser licitada de nuevo, es una de las principales preocupaciones que tendrá el futuro Gobierno municipal, ya que aún debe decidirse qué modelo de recogida de residuos —con cuatro o cinco contenedores— se implantará en la ciudad. Si finalmente es necesario instalar un nuevo contenedor para envases ligeros, el Concello tendrá que hacer una fuerte inversión y modificar el servicio de recogida. Nostián verá afectada además su actividad al no ser necesaria la separación de los envases ligeros y eliminarse el plus que reciben sus trabajadores por esta labor, mientras que el Concello perderá gran parte de los ingresos que obtiene de Ecoembes.

STL. La investigación judicial sobre la presunta actividad delictiva de los dirigentes del Sindicato de Traballadores da Limpeza en relación con los contratos de la limpieza viaria y la recogida de la basura pone en cuestión la labor de control del Gobierno local sobre ambos servicios. El pacto alcanzado con el BNG para hacer alcaldesa a Inés Rey obliga a abrir una investigación municipal sobre este caso, que también puede salpicar a las empresas concesionarias.

Transporte público. La finalización en diciembre de 2024 del actual contrato del servicio de autobús urbano obliga al Concello a licitar el próximo año la concesión tras 38 de vigencia del convenio suscrito con la Compañía de Tranvías. El Gobierno local descartó en el pasado mandato remodelar las líneas para hacerlo con el nuevo contrato, en el que también se incluirá un nuevo sistema de revisión de las tarifas, ya que el vigente es considerado “obsoleto” por los responsables municipales. También está pendiente la creación de carriles bus, ya que el planteado para Juan Flórez, al que existe oposición por parte de sectores vecinales, fue igualmente aplazado en el anterior mandato.

Alvedro. La consolidación de las rutas que se cubren en la actualidad desde el aeropuerto coruñés y la ampliación de su número, con especial incidencia en las de carácter internacional, es otro de los retos que tiene por delante el Gobierno local. La pérdida de la conexión con Heathrow fue un revés reparado de forma insatisfactoria con sus sustitución por el aeródromo de Gatwick, a lo que se añade que el número de viajeros anterior a la pandemia todavía no ha sido recuperado.

Bibliotecas. Seis de estas instalaciones municipales son gestionadas por una empresa privada, pero los problemas surgidos con anteriores concesionarias y las condiciones laborales que soportan las trabajadoras llevaron al Gobierno de Marea Atlántica a intentar municipalizar el servicio, para lo que no recibió el apoyo necesario en el pleno. El Ejecutivo socialista admitió crear una comisión para estudiar la posibilidad de una gestión pública de estos centros, pero no llegó a constituirse. El acuerdo de investidura con el BNG prevé abordar la “internalización” de este grupo de bibliotecas.

Vivienda. Los primeros cuatro años de gobierno de Inés Rey se cerraron sin que se construyese ninguna vivienda municipal, a pesar de que existe el compromiso de levantar un inmueble con 50 en el barrio de Xuxán. Tan solo se puso en marcha la rehabilitación de un pequeño inmueble en Marqués de Pontejos cuyo proyecto procede del anterior mandato. Socialistas y nacionalistas acaban de acordar ahora el incremento del número de viviendas municipales para hacer frente al grave problema que supone el alto precio de los pisos en la ciudad.

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Casa Escariz. Los dos edificios de la plaza de Pontevedra que gestiona la Fundación Manuel Piñeiro Posse son el motivo de una pugna entre esa entidad y el Concello, que se disputan su propiedad en los tribunales. Para el segundo, el filántropo legó los inmuebles al Hospital Municipal, por lo que, tras su desaparición, es el heredero de esos bienes, aunque la fundación entiende que es ella la que debe administrarlos para dedicar sus ingresos a instituciones benéficas de la ciudad.

As Percebeiras. La puesta en marcha de esta iniciativa inmobiliaria en Labañou generó oposición vecinal y política, lo que llevó a su principal promotora, Metrovacesa, a modificar en dos ocasiones su propuesta inicial. Pero esto forzó a modificar la ordenación para ese polígono que figura en el plan general, según la Xunta, por lo que su puesta en marcha se demorará todavía más. Esta tramitación figura en el acuerdo de investidura suscrito por PSOE y BNG.

Parque del Agra. También el cambio urbanístico de este polígono residencial aparece en el pacto para que Rey repita como alcaldesa, aunque BNG y PSOE mantienen posturas totalmente opuestas sobre su ordenación. Los nacionalistas defienden la reivindicación vecinal la eliminación de la edificabilidad para la conversión de los terrenos en una zona verde, pero los socialistas lo rechazan con el argumento de que obligaría a cuantiosas indemnizaciones. Las discrepancias con Marea y BNG sobre este asunto hicieron que fuera uno de los dos que el PSOE vio rechazado en un pleno en el pasado mandato.

Antigua prisión. La negativa de la oposición a aceptar el pago al Estado de 2,3 millones por la recuperación de este edificio fue el otro revés sufrido por los socialistas en una sesión plenaria. A pesar de que el resto de grupos políticos exigieron la devolución gratuita mediante una nueva negociación, el Gobierno local replicó que esa fase ya se había superado, ya que se había logrado una rebaja en la cantidad adeudada, cuya reclamación judicial ya inició el Estado tras la negativa de la Corporación a abonarla.

Área metropolitana. El pasado mandato no consiguió ningún avance en la creación de una entidad supramunicipal en la comarca coruñesa. Socialistas y nacionalistas acordaron ahora que se redacte la ley autonómica que permitiría ponerla en marcha, para lo que deben contar con el respaldo de los ayuntamientos que se integrarían en ella y, además, conseguir que el Parlamento gallego la respalde luego, ya que la mayoría absoluta del Partido Popular deja en sus manos el futuro de esta iniciativa.

Rey: “Siempre manifesté la voluntad de gobernar en solitario”

Las críticas que el BNG dedicó este jueves al PSOE por su firme disposición a gobernar en solitario sin negociar siquiera un posible Ejecutivo de coalición pero solicitando a los nacionalistas apoyo incondicional para los asuntos del mandato no encontraron réplica en los socialistas. Un día antes de la investidura de Inés Rey, la alcaldesa y el portavoz municipal, José Manuel Lage, esquivaron cualquier respuesta que pudiera causar enfrentamiento. Para Rey, el acuerdo que el Bloque calificó de “puntual” y ciñó al acto de investidura de hoy, abre un escenario en el que las fuerzas políticas pueden “ser capaces de encontrar puntos de encuentro en beneficio de la ciudad”. “Siempre manifesté mi voluntad de gobernar en solitario. No voy a entrar en más consideraciones y detalles sobre las negociaciones”, concluyó.

Lage situó los compromisos que recoge el pacto en “el conjunto del mandato”, y, en su opinión, reflejan que en las elecciones municipales del 28 de mayo la ciudad votó “una mayoría social progresista”. Preguntado ayer en un acto si, con el pacto con el BNG, habría presupuesto este año, en el que las cuentas de 2022 fueron prorrogadas, el portavoz socialista respondió que el “compromiso” del Gobierno local es “presentar un septiembre una propuesta para negociarlo” con el Bloque, en referencia al presupuesto de 2024. Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía, que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones pero no podrá gobernar por falta de apoyos, calificó ayer el pacto entre el PSOE y el BNG “de tercera división”. El portavoz popular considera que el acuerdo “no recoge los grandes problemas que tienen los coruñeses”, entre los que cita la ocupación ilegal de viviendas, la limpieza y la seguridad. Lorenzo alude a que el candidato nacionalista, Francisco Jorquera, criticó el pacto de investidura poco después de que fuera firmado.

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