La Xunta exigirá al Concello una consulta previa a la patronal de vivienda antes de congelar los alquileres

La nueva Ley de Vivienda permite a las comunidades autónomas declarar un municipio como zona tensionada de vivienda, lo que, a su vez, conlleva medidas como congelar los nuevos alquileres y prorrogar los vigentes. El Concello ha pedido aplicarla a A Coruña, que cumple los requisitos exigidos por la legislación, pero la Xunta, que se había mostrado contraria a esta medida y pidió aclaraciones sobre ella al central, consideró que su petición estaba poco motivada. Ahora el PPdeG, en el Gobierno gallego, ha presentado una enmienda a la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para permitirlo, pero añadiendo trámites y obligando a consultar con los promotores. El Concello afirma que se “alegra de que rectifique”. Estos son los pasos que tendría que seguir.

Iniciativa municipal

La ley estatal establece que la declaración de las zonas tensionadas la deben realizar “las Administraciones competentes en materia de vivienda”, que en principio son las comunidades autónomas, pero la Xunta entendía que había confusión sobre si se refería a los Ayuntamientos. En su enmienda, el PP exige que haya “previa solicitud del Concello interesado”, aunque la declaración la hará el Instituto Galego da Vivienda e Solo. Si el Ayuntamiento no promueve la petición, el Gobierno gallego no lo hará de oficio, y, además, obliga a los Concellos a realizar parte de los trámites.

Reunir informes

Así, el Ayuntamiento en cuestión deberá realizar trámites que la ley estatal atribuye a la administración “competente”. Esencialmente, tendrá que analizar la situación de los precios de alquiler y venta, así como de la renta de las familias, para “medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada”. También explicar cuáles son las deficiencias del mercado de vivienda para “atender adecuadamente la demanda de vivienda habitual” a precio “razonable”, y una memoria justificativa que indique si la zona incluye al menos una de las circunstancias obligatorias para declararla como mercado tensionado.

La Xunta abre la puerta a declarar zonas tensionadas y poner topes a los alquileres

Justificación suficiente

A Coruña se cumple una de ellas, esto es, que el precio de compra o de alquiler haya subido, en los últimos cinco años, al menos tres puntos por encima del IPC. De acuerdo con los últimos datos de la Xunta, los arrendamientos coruñeses en septiembre de este año estaban en 618,8 euros, frente a los 475 de septiembre de 2018. Se trata de un incremento del 30,3%. En el mismo periodo, de acuerdo con el actualizador de rentas del Instituto Español de Estadística (INE), la subida del IPC fue del 16,9%. Sin embargo, cuando el Concello realizó su petición a la Xunta no hizo referencia a esto, sino al número de demandantes de vivienda protegida.

Mesa con la patronal

Ya con esta documentación, el Concello debe abrir una mesa sectorial para presentarle su propuesta y los informes previos. La Xunta reclama que en esta mesa deben estar presentes las agrupaciones de promotores de vivienda y las de profesionales de administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria, que representan a los dueños. No hace referencia a que estén vecinos o inquilinos, aunque tampoco lo prohibe.

Tramitación pública

El Gobierno gallego exige que, con posterioridad a la celebración de la mesa, el Concello ponga a disposición del público la información que justifica el plan de crear la zona tensionada. Aquí debe haber informes sobre la distribución de la población y los hogares, y la oferta, precios y tipos de viviendas por zonas. Una vez más, la ley estatal atribuía este trámite a la “administración competente”.

Acuerdo político

Tras esta mesa, el “órgano municipal competente” debe acordar pedir la declaración de zona tensionada a la Xunta. El Gobierno gallego no aclara cuál es, pero, entendiendo que es el pleno, tendría que haber una mayoría de concejales. Esta, probablemente, se podría conseguir sin dificultades en A Coruña con acuerdo entre el PSOE y el BNG.

Control autonómico y vía judicial

El Ayuntamiento debe entonces enviar a la Xunta una solicitud en la que justifique todos los puntos anteriores, y, además, cuente con un “plan específico” que incluya las medidas que se adoptarán para corregir el desequilibrio en el mercado y el “calendario” en el que se aplicarán. El Instituto Galego de Vivienda e Solo puede pedir informes sobre esta petición, otro trámite que alargará el proceso, y decidir sobre si darle luz verde. Este órgano autonómico se encargará de hacer la resolución final y comunicarla al Estado, pero el Concello debe aprobar, en dos meses, su plan para corregir los problemas de vivienda. También debe pedir la prórroga, “expresamente”, pasados tres años. Si un Ayuntamiento presenta una solicitud y la Xunta no responde en seis meses, la administración local la puede considerar desestimada e ir a los tribunales.

Limitación de subidas

Una vez declarada una zona como tensionada, según la ley estatal, los alquileres se pueden prorrogar de forma “extraordinaria” hasta tres años. Y si se firma un nuevo contrato, el precio “no podrá exceder de la última renta” del anterior. Sí que se puede actualizar hasta el 10% si hay mejoras en la vivienda o se le permite al arrendatario derecho de prórroga unilateral.

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