La asociación de pisos turísticos inicia su campaña contra la regulación municipal

El sector de los pisos turísticos empieza el año como acabó el 2023: en pie de guerra contra la regulación que prevé llevar a cabo el Concello para restringir estas viviendas de uso turístico (VUT) con carácter general salvo en edificios exclusivos, bajos o primeros pisos que no estén encima de una vivienda convencional. La patronal, Aviturga, envió este martes 863 cartas dirigidas a los propietarios de estos pisos en la ciudad para convocarles a una nueva reunión de trabajo el próximo 18 de enero, en la que les invita a sumarse a las acciones que tiene previsto llevar a cabo para oponerse a la que consideran una “ilegalización sin fundamento” por parte del Ejecutivo local, al que acusan de querer conceder el “monopolio” del alojamiento turístico al “lobby hotelero”. En A Coruña, donde el alquiler medio ya supera el límite máximo que pone la Xunta al bono alquiler (600 euros), hay ya más de un millar de VUT registradas.

En la carta que recibirán estos días los dueños de pisos turísticos, la patronal informa de los pasos dados hasta la fecha por el Concello en materia de regulación del uso de las VUT, concluyendo con un llamamiento a participar en una serie de acciones con las que busca “dejar claro al Gobierno local que se encontrará con la oposición del colectivo afectado”. “En las últimas reuniones los representantes municipales, sin adjuntar un informe de diagnosis del número, densidad o ubicación de VUT ni, menos aún, del impacto económico que supone alojar al 45% de los turistas que visitan la ciudad, comunicaron su objetivo: reducir drásticamente las VUT”, acusan los propietarios de estos pisos turísticos a través de la misiva.

Estas acusaciones se producen casi dos meses después de que el Gobierno local transmitiese al sector que el Concello pediría a la Xunta que aplicase las restricciones de la normativa urbanística coruñesa a la hora de inscribir nuevos pisos turísticos en la ciudad para evitar que se sigan registrando en inmuebles en los que está prohibido realizar usos terciarios. A la espera de que el Concello convoque a la patronal para una nueva reunión, esta acusa a la concejalía de Urbanismo de “evitar la complejidad de una modificación del planteamiento” y de pretender considerar las VUT “sector terciario asimilado a uso hotelero”. “Es decir, sin realizar ninguna modificación normativa, pretenden aplicar normas urbanísticas que afectan a los hoteles. Esto supondría la ilegalización automática y con efectos retroactivos de todas las VUT del centro (zona Pepri) y limitarlas a bajos y primeras plantas en el resto de la ciudad”, recoge la carta de Aviturga.

Los dueños de pisos turísticos consideran que la puesta en marcha de la normativa municipal llevaría al Concello a “conceder el monopolio del alojamiento turístico al lobby hotelero en la ciudad”. Frente a esto, La patronal erige a las VUT como “responsables del crecimiento como destino turístico tranquilo y familiar de A Coruña” en los últimos años y como un “importante instrumento de dinamización económica”.

Con todo, desde Aviturga consideran “completamente errado” el planteamiento de regulación anunciado por el Concello a través de la prensa y llaman a los dueños de pisos turísticos a asistir a la convocatoria del próximo día 18 para informarles sobre este “atropello” y animarles a participar en la defensa del “derecho a alquilar por días” las propiedades inmobiliarias.

En el último encuentro en el que la patronal convocó a los propietarios, el sector informó de que pondría en marcha un proceso de “sensibilización” para “cambiar la percepción” que los vecinos y colectivos como los hosteleros o el pequeño comercio tienen de la VUT y presentarles que su actividad genera un impacto positivo en la ciudad.

Por su parte, el Ejecutivo local no convocó todavía la mesa que estaba prevista para el pasado mes de diciembre —como anunció en octubre— para abordar la implicación de las restricciones que tiene previsto llevar a cabo, en la que se esperaba que determinase qué ocurrirá con las viviendas operativas desde hace tiempo y que incumplen la normativa urbanística.