La ‘operación Zeta’, por fraude de dinero público, en suspenso a la espera de informes una década después de los arrestos

En 2011 empezó la investigación de la operación Zeta, por el supuesto fraude de dinero público por parte de cinco entidades beneficiarias de subvenciones para cursos de formación. En octubre de 2014, hace casi una década, se declaró el secreto de las diligencias, un mes después de la detención de siete personas. Se les acusaba de fraude de subvenciones, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, y, supuestamente, desviar fondos a través de entidades por las que pasaron más de 20 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas. Pero esta investigación, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, vinculó recientemente con el expresidente del Gobierno gallego y líder del PP, Alfonso Núñez Feijóo, en un debate sobre el caso Koldo, nunca llegó a juicio: la causa principal lleva años archivada, a la espera de informes pedidos hace años.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “todo sigue igual que al principio de la causa”. Esta fue archivada provisionalmente en 2018 por la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña , que lleva la investigación, hasta recibir informes de la Intervención General del Estado, pero estos “aún no llegaron en su totalidad” cinco años después. Las mismas fuentes no han querido aclarar a este diario qué informes se recibieron, y cuáles faltan por llegar. La pieza principal “nunca se reabrió desde que se archivó a la espera de los informes”.

Desde el Superior sí indican que existen dos piezas separadas en las que “se continúan practicando diligencias”. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press afirman que hace unos días estaba fijada la comparecencia responsable de la Agencia Tributaria, aunque se canceló, pero pronostican que no habrá juicio este año ni el que viene.

Una de las piezas se refiere a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), dirigida en el momento en el que se produjeron las supuestas irregularidades por Eliseo Calviño, y la otra a la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), perteneciente al empresario coruñés Gerardo Crespo Riestra, propietario del grupo Azetanet. La investigación suma más de medio centenar de investigados entre empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PP y de la de PSOE y BNG, pero los investigadores situaron a Crespo y a Calviño como cabecillas.

Un informe de la Intervención General del Estado que adelantó este diario en 2020, y que supuso la reanudación de parte de la investigación, apuntaba a irregularidades en la concesión de ayudas a empresas vinculadas a Crespo. Estas recibieron en los años 2008 y 2009 subvenciones de diferentes comunidades autónomas y del Estado por valor de 3,6 millones de euros para la realización de 38 cursos, 23 de ellos con el Gobierno gallego; tanto durante el periodo del bipartito de PSOE y BNG como durante el primer mandato de Feijóo en la Xunta.

La jueza vio “indicios de connivencia” entre responsables públicos y Calviño y Crespo, que también recibieron fondos del Gobierno central, de acuerdo con un auto emitido en 2016. En 2007, el Servicio Público de Empleo Estatal concedió una subvención de 1,7 millones para un plan de formación de Caype y la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) que recibió el visto bueno de Juan José Barrera Cerezal, entonces director general de Economía Social y también investigado. En marzo de 2008 Caype recibió un anticipo de 842.000 euros y luego pidió otra ayuda de 856.000 euros, y subcontrató parte del plan con empresas de Crespo. El empresario habría devuelto a Caype 782.189 euros, supuestamente por colaborar para hacerse con las subvenciones.