El control del precio de los alquileres causa un nuevo choque entre Xunta y Concello

La aplicación de la Ley de Vivienda en A Coruña genera un nuevo enfrentamiento entre la Xunta y el Concello tras la negativa de la primera a declarar la ciudad como zona con el mercado de alquiler tensionado al considerar que no cumple las condiciones previstas para hacerlo. La alcaldesa, Inés Rey, calificó este miércoles de “absolutamente delirante” que el Gobierno gallego solicite al Concello documentación para respaldar su solicitud de zona tensionada y que después diga que no cumple los requisitos.

La Xunta niega que la ciudad reúna condiciones para declarar tensionado el mercado de alquiler

“La alcaldesa tiene que decir la verdad, porque la declaración no supone que va a bajar el precio del alquiler, se limita a los que tienen más de cinco viviendas para alquilar y las que lleven más de cinco años sin alquilar”, declaró Ángeles Vázquez, conselleira en funciones de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quien recordó que en el resto de viviendas se puede subir la renta el IPC. Añadió que Rey “debería ser libre para opinar” y que los ciudadanos “piden que seamos claros y no mintamos”.

Tras haber dado a conocer que ninguna ciudad gallega reúne las condiciones para ser zona tensionada, la regidora coruñesa reclamó a la Xunta los datos que posee sobre el mercado de alquiler y que aclare por escrito por qué A Coruña no cumple los requisitos pese a tener los precios más altos de Galicia. Destacó que el precio medio subió un 56% en ocho años y el de los pisos compartidos un 23% el último año, que hay 2.820 demandantes de vivienda protegida y que en 12 años solo se construyeron 40 viviendas sociales.

Ninguna política de vivienda

Rey enmarcó la decisión de la Xunta en una “estrategia de torpedear cualquier medida social que venga del Gobierno central” y aseguró que el Gobierno gallego no tiene “ninguna política de vivienda”. También invitó a la conselleira a que “intente alquilar una vivienda en A Coruña y a ver a qué precio y dónde la encuentra”.

Vázquez, que participó en la presentación de la promoción de una cooperativa a la que la Xunta cedió suelo en Xuxán para viviendas de alquiler social, pidió al Concello que aplique ese modelo “para dar solución al problema de la vivienda”, ya que la cesión exige un “esfuerzo mínimo a los promotores”, el suelo revierte luego a la Administración y proporciona ayudas europeas. Sobre las zonas tensionadas dijo que “los límites a los precios son irreales”, pero que los que se aplican con el alquiler social en las cooperativas son “una realidad”. En su opinión, “tener vivienda en el mercado es la única forma de bajar los precios”.

También manifestó que “lo único que tiene que hacer la Xunta es cumplir con el mandato de la ley estatal”, de la que destacó que exige a los ayuntamientos que soliciten la declaración una planificación de vivienda durante veinte años en la que un 20% sea pública, por lo que dijo de la alcaldesa: “ No sé si está dispuesta a eso”.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, que también participó en la presentación de la cooperativa de Xuxán, estimó que la cesión de suelo a estas entidades “va a contribuir a bajar el precio del alquiler”, por lo que pidió a la Xunta que lo generalice “porque tiene las competencias en vivienda”.

Sobre la Ley de Vivienda, admitió que su capacidad para controlar los precios de los alquileres es “limitada”, pero que es “un instrumento más” que considera necesario. Señaló que los informes sobre zonas tensionadas “los tiene que elaborar la administración competente, que es la Xunta” y que todos los ayuntamientos le reclamaron en la reunión del martes en Santiago que no exija los datos de los que ya dispone. Díaz cifró en un millar las viviendas de protección oficial a las que se habrá dado licencia en cinco años y que espera que en Visma, donde habrá casi 4.000 nuevos pisos, también actúen cooperativas.