Catorce años entrando a unos garajes legales en Vioño por el acceso a otro sin legalizar

“Nos hemos reunido con todos los concejales de Urbanismo desde 2010 y ninguno ha sido capaz de darnos una solución”, afirma Silvia García, una de las propietarias de los aparcamientos privados situados bajo los edificios de las calles Napoleón Bonaparte, 2-4 y Revolución Francesa, 13, que tienen su acceso por la avenida de Arteixo. La instalación comparte el subsuelo con otro estacionamiento público explotado en régimen de concesión por la empresa Vioño EL5, de forma que todos los usuarios deben entrar y salir por la misma rampa.

“¿Cómo es posible que tengamos una licencia de apertura de nuestro garaje y no una puerta para entrar y salir?”, se pregunta Silvia García sobre la compleja forma en la que funciona el estacionamiento, ya que la parte privada cuenta con todos los permisos necesarios, pero la pública, de la que depende la rampa de acceso, carece de ellos y, por lo tanto, se halla en una situación irregular. Esto ha derivado en que el Concello no dio permiso para la colocación de un espejo en la entrada que permita a los conductores advertir si hay peatones circulando por la acera que los coches deben atravesar para llegar a la avenida de Arteixo.

A pesar de que ya han transcurrido 16 años desde la concesión y 14 desde que empezó a funcionar, este último todavía carece de licencia de apertura porque no cumple las condiciones necesarias para recibirla y, además, pese a haber estado funcionando todo este tiempo, no abonó el canon de la concesión al menos hasta 2022. Este periódico reclamó al Concello información sobre si ya lo ha pagado, pero no obtuvo respuesta.

Las anomalías de este aparcamiento han repercutido de forma directa en los vecinos de los inmuebles situados sobre el mismo, hasta el punto de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 dictó una sentencia que condena a Vioño EL5 y al Concello a la “adecuación a la legalidad del garaje” y a la “subsanación de las deficiencias relatadas” mediante “la realización de las obras y trámites necesarios para ello, de modo que se permita el uso y acceso al garaje privativo de los actores”.

El fallo ya es firme, puesto que tanto la empresa como la administración municipal no lo recurrieron, y el Gobierno local respondió a este diario sobre si es posible retirar la concesión que “estudia todas las opciones, siempre teniendo como referencia la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia”. También refirió que comunicó esta situación a la empresa mediante un requerimiento.

La concesionaria presentó el pasado jueves en el Concello la certificación de fin de obra firmada por los técnicos responsables de la construcción del aparcamiento, pero se les requirió que justifiquen que se subsanaron las deficiencias existentes. Ante su elevado número y la complejidad de esta tarea, los profesionales solicitaron un plazo de diez días para hacerlo.

El pliego inicial mediante el que se licitó la concesión del garaje público en 2008 preveía que hubiera un vial perimetral con accesos independientes para los garajes privados, pero el concurso quedó desierto porque cumplir esta condición tenía un elevado coste. Entonces se optó por modificar el proyecto. y se diseñó el actual aparcamiento, pero poco después de concluir la construcción de los edificios surgieron los problemas entre los socios de la promoción y el subterráneo quedó sin terminar de acuerdo a la normativa.

García fue de las primeras personas que empezaron a vivir en los edificios existentes sobre los aparcamientos y recuerda que se enteraron de la irregularidad del público en la primera reunión de la comunidad de propietarios. “No sabemos qué problema hay detrás para que no hagan las obras que permitan darle la licencia”, señala esta vecina, quien comenta que los afectados se hallaban “totalmente desamparados” porque no obtenían una solución por parte del Concello.

Eso les llevó a presentar al Ayuntamiento una reclamación de responsabilidad por inactividad al considerar que no velaba por el cumplimiento de la legalidad, pero fue desestimada por silencio administrativo. En julio de 2022 plantearon un recurso contencioso administrativo en el que exigían que se ordenase a la concesionaria resolver los problemas del garaje y, de forma subsidiaria, que se rescatase la concesión.

Para respaldar sus argumentos, los perjudicados presentaron un informe pericial en el que se detallaba que el garaje carecía de certificado final de obra y por tanto de autorización para funcionar. Tampoco dispone de placa de vado para el acceso de vehículos ni de extintores portátiles suficientes, mientras que los existentes no pasaron las revisiones obligatorias, el sistema de detección de incendios no funciona, las puertas cortafuegos están bloqueadas, los detectores de monóxido de carbono no están operativos, la iluminación es deficiente, el ascensor está clausurado y en varias zonas se acumula la suciedad.

Todos estos problemas afectan a la accesibilidad y seguridad tanto del garaje público como de los privados, ya que los usuarios de estos últimos deben atravesar el primero para acceder y salir de sus plazas. El juzgado estimó que los documentos presentados por la empresa que pretendían justificar que hizo las reparaciones necesarias “son insuficientes” y que “no consta que desde el requerimiento de fecha 24 de noviembre de 2022 se hayan realizado labores de comprobación por la Administración”.

También señala que “tampoco se ha compelido a la concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones”, entre las que menciona el pago del canon, el mantenimiento de la obra y permitir el paso a los propietarios de los garajes de las comunidades de propietarios demandantes.

La sentencia considera que “se cumplen los requisitos para accionar por inactividad de la Administración”, ya que la concesionaria tiene la obligación “impuesta por el propio Ayuntamiento, de permitir el paso de los garajes privados a través de la concesión con el fin de acceder al mismo”, ya que fue este organismo el que “eliminó la obligatoriedad de construir el vial perimetral”. También señala que la concesionaria debe “mantener en buen estado” el garaje y que el Concello tiene que “velar y hacer cumplir tal obligación”.

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