Concello y vecinos defienden ante la jueza la licencia para legalizar el edificio de San Roque

La larga marcha por los tribunales del conflicto del edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra dio esta semana un nuevo paso con la vista en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 en la que los representantes legales de las tres partes implicadas —Concello, propietarios de las viviendas y locales y la denunciante, que también reside en el inmueble— expusieron a la jueza sus opiniones sobre la licencia concedida por el Gobierno local en mayo del año pasado para legalizar este inmueble y evitar su demolición total.

La solución de los propietarios del edificio de San Roque para evitar el derribo total

Los participantes en la vista podrán presentar alegaciones en los próximos días, pero no hay ninguna previsión sobre cuándo se dictará el auto que decidirá si la licencia podrá legalizar el edificio, que además podrá ser recurrido por cualquiera de las partes. El permiso otorgado hace casi un año por el Concello plantea efectuar derribos parciales en la zona de la fachada de las viviendas para suprimir 30 metros cuadrados construidos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó en 2008 que exceden la edificabilidad autorizada, pese a que el Concello le concedió una licencia a los promotores en el año 2002.

Con la vista de esta semana, la jueza pretendía saber por qué el arquitecto contratado por la denunciante rechaza que el permiso aprobado en mayo de 2023 pueda legalizar el edificio, ya que los técnicos del Concello y del resto de los propietarios defienden su viabilidad. En la sesión, ese técnico hizo referencia a deficiencias de pequeño calado del proyecto presentado por los afectados y expuso que el patio de manzana al que dan las traseras de todos los inmuebles que lo rodean es una finca ajena, aunque su propiedad está compartida entre los edificios que lo limitan.

Si finalmente los tribunales dan el visto bueno a la licencia municipal para realizar las obras, que tendrán un coste de 80.000 euros, los propietarios deberán abandonar las viviendas para que sean acometidas. A pesar de las similitudes que este caso tiene con el del inmueble que sirvió de sede a Fenosa, el Concello ha advertido a las partes en varias ocasiones que no se volverá a producir una solución semejante, que consistió en un pacto en el que el denunciante fue compensado económicamente.

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